La reciente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha vuelto a encender el debate sobre el conflicto del Sáhara Occidental en España. Esta resolución, que respalda el plan de autonomía presentado por Marruecos, ha generado descontento entre varios sectores políticos, especialmente en Sumar y Podemos, que pertenecen al gobierno de coalición.
Desde Sumar, se ha reiterado la importancia de la autodeterminación del pueblo saharaui como la única vía hacia una paz duradera en la región. Según el partido, aunque la extensión del mandato de la MINURSO, la misión de la ONU en el Sáhara, por otro año es positiva, se oponen firmemente a la aceptación del plan marroquí como solución al conflicto.
«La historia de España como antigua potencia colonizadora nos obliga a mantener una posición que respete el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro», manifestaron a través de su red social. De igual manera, aseguran que el apoyo a la autonomía bajo la soberanía de Marruecos ignora el sufrimiento de los saharauis y los derechos que deberían ser garantizados por las resoluciones de la ONU.
Por otro lado, la crítica también proviene de Podemos, cuyo eurodiputado, Irene Montero, ha exigido al Consejo de Seguridad que revise su decisión. Montero acusó a la ONU de ceder ante presiones externas, específicamente a las de Estados Unidos, lo que considera un riesgo para la estabilidad en la región. Además, subrayó que el derecho internacional respalda la legitimidad de la lucha saharaui.
El cambio en la postura del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental no es reciente. En 2022, el Ejecutivo, que históricamente había mantenido una actitud neutral, decidió apoyar la propuesta marroquí, una decisión que fue recibida con rechazo tanto dentro del gobierno como de la oposición. Este cambio dejaba en el aire la posibilidad de un referéndum sobre la autodeterminación del Sáhara.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, argumentó en marzo de 2022 que esta nueva postura era la base más seria y realista para la resolución del conflicto. A medida que la ONU se pronunciaba en sus resoluciones a favor de esta propuesta, se sentía que la legitimidad jurídica y moral que deberían favorecer a los saharauis se desvanecía.
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Este viraje también generó críticas desde la oposición, particularmente del Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el cambio como un «volantazo» imprudente, ya que se implementó sin el respaldo del Congreso. Su partido ha impulsado varias iniciativas destinadas a devolver al Gobierno a su anterior posición de neutralidad respecto al conflicto del Sáhara.
El contexto actual sugiere que, a pesar de las resoluciones de la ONU, la situación en el Sáhara Occidental sigue en un delicado punto de equilibrio, con la comunidad internacional observando cómo se desarrollan los acontecimientos. Las tensiones que surgen en torno a este tema no solo afectan las relaciones internacionales de España, sino que también impactan de lleno en la política interna del país.
