La manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas desemboca en cortes de tráfico en la Castellana, cargas policiales y protestas réplica en ciudades como Barcelona.
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MADRID.— Unas 10.000 personas, según las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno, salieron a las calles de Madrid en la noche del miércoles para protestar por la ejecución del desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de su vivienda tras un prolongado litigio inmobiliario. La movilización, convocada de urgencia por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, concentró a la multitud en el barrio de Chamberí frente al inmueble adquirido recientemente por la empresa pública regional Planifica Madrid, bajo el lema emblemático de exigir el «ático de Ayuso para Maricarmen».
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La marcha obligó a cortar el tráfico en la calle General Martínez Campos y se extendió posteriormente hacia el Paseo de la Castellana a la altura de Rubén Darío, donde los manifestantes realizaron una sentada. Durante los altercados, agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional desplegaron material antidisturbios y llegaron a efectuar disparos de pelotas de goma al aire para contener el avance de la protesta.
Malestar dirigido a las administraciones autonómica y central
Las consignas de la jornada señalaron directamente a ambas esferas políticas. Junto a las críticas a la presidenta autonómica, los manifestantes dirigieron sus pancartas y cánticos contra el Ejecutivo central y el Ministerio de Vivienda, cuestionando la eficacia de la Ley de Vivienda actual y tildando de «hipócrita» la gestión de la crisis habitacional.
«¿Dónde está el Gobierno progresista?» o «Para Ayuso, un ático; para nuestra clase, desahucios» fueron algunos de los lemas exhibidos por los asistentes, que mostraron sus llaves de casa como símbolo del derecho a la vivienda.
Siete horas de dispositivo y desalojo en camilla
La marcha nocturna fue el desenlace de una jornada que comenzó de madrugada en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, donde decenas de activistas acamparon e intentaron impedir el desalojo. La anciana, con un grado reconocido de discapacidad y residente en la vivienda de renta antigua desde hacía 70 años, fue sacada del inmueble a la una de la tarde en camilla y trasladada al Hospital Gregorio Marañón tras un operativo policial que se prolongó durante más de siete horas.
El conflicto legal arranca en 2018, tras la compra del edificio por la inmobiliaria Renta Corporación y su posterior traspaso a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. La propiedad reclamaba a la inquilina una renta mensual de 1.650 euros, importe inasumible frente a la pensión de 1.450 euros percibida por la afectada.
Réplica de las movilizaciones en Barcelona
La indignación por el caso trascendió la capital madrileña. En Barcelona, cientos de personas convocadas por el Sindicat de Llogateres y la plataforma Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya se concentraron ante la Delegación del Gobierno en Cataluña bajo el lema «Maricarmen no estás sola». Durante la protesta, los portavoces vecinales advirtieron con convocar movilizaciones de mayor calado si el Ejecutivo no aprueba de forma inminente un paquete de medidas urgentes contra los desahucios de personas vulnerables.
