La Junta de Andalucía adjudicó varios contratos millonarios mediante el procedimiento de emergencia durante la pandemia que, tiempo después, el propio Gobierno autonómico terminó calificando como irregulares. Entre ellos destaca una obra valorada en 47 millones de euros, inicialmente prevista para financiarse con fondos europeos, cuyo pago tuvo que asumir finalmente la administración regional.
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La decisión se produjo después de que el verificador del gasto europeo rechazara la propuesta presentada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), al considerar que no reunía los requisitos exigidos para recibir financiación comunitaria. Tras el dictamen negativo, la Junta optó por costear directamente el proyecto, pese a que su contratación se había tramitado bajo circunstancias excepcionales que posteriormente fueron cuestionadas.
Según fuentes internas, esta situación ha abierto un nuevo frente sobre la gestión de los contratos de emergencia en Andalucía, un mecanismo pensado para agilizar actuaciones en situaciones críticas, pero que en este caso ha acabado generando dudas jurídicas y obligando a un significativo desembolso con cargo al presupuesto autonómico.
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La oposición ha exigido explicaciones sobre cómo se aprobaron estos contratos y por qué se recurrió al procedimiento de emergencia para actuaciones que, según denuncian, podrían haber seguido la vía ordinaria de contratación. Mientras tanto, la Junta defiende que actuó en un contexto de urgencia y que está analizando los expedientes para depurar responsabilidades si fuese necesario.
