A las seis de la mañana, José, de 50 años, ya maneja la potente cosechadora que recoge las hojas de tabaco en la finca de Dioni Sánchez, tercera generación de agricultores en la comarca. Este año, la cosecha ha alcanzado cifras récord: 22.863.825 toneladas, un 15% más que la campaña anterior, pero la euforia por la producción se ve ensombrecida por la incertidumbre sobre el futuro del sector.
Extremadura concentra el 98% del cultivo nacional, repartido entre 851 productores y 6.300 hectáreas. El tabaco representa el 35,6% del empleo agrícola en la región, generando 2.100 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos, con un impacto total que afecta a unas 20.000 familias y aporta 69 millones de euros de valor añadido.
A más de 1.500 kilómetros de distancia, la COP11 celebrada en Ginebra debatió la propuesta de la OMS de eliminar todas las ayudas al cultivo de tabaco. En Extremadura, estas subvenciones suponen unos 19 millones de euros anuales, fundamentales para mantener la rentabilidad de los productores. «Sería el fin del cultivo del tabaco», alerta Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, mientras la UPA advierte que desaparecería empleo, innovación y vida en los pueblos.
La amenaza no se limita a Extremadura. Canarias y Cantabria también verían afectados sus empleos en la industria del tabaco, con fábricas en Tenerife y Altadis que dan trabajo a 5.800 personas. En total, el sector emplea a 31.210 trabajadores en España y mueve 3.755 millones de euros, según la consultora Afi.
El alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo, destaca que la desaparición del tabaco supondría un riesgo para la supervivencia de la comarca: «Solo con turismo no se puede mantener la población. Se trata de una cadena de pérdidas que no llegamos a imaginar». Roberto Baños, alcalde de Talayuela, coincide: «El tabaco es un motor clave; sin él, la situación sería crítica».
En la comarca, el cultivo ha incorporado innovación tecnológica, como el secado con biomasa, y mantiene el empleo femenino y especializado. Sin embargo, la falta de relevo generacional y la dificultad para encontrar mano de obra cualificada son problemas persistentes.
A pesar del clima de incertidumbre, algunos productores mantienen la esperanza. Dioni Sánchez ha aprobado un proyecto para un centro de secado con capacidad de 900.000 kilogramos, con una inversión de 8 millones de euros, enviando un mensaje claro al COP11: «Resistiremos».
