El Ministerio de Sanidad mantiene su negativa a incorporar los agonistas GLP-1 (Ozempic, Mounjaro) a la financiación pública, alegando el «elevado impacto presupuestario» y la necesidad de racionalizar el gasto.
El Ministerio de Sanidad español ha vuelto a rechazar la financiación pública de los fármacos adelgazantes basados en agonistas del receptor GLP-1, como Ozempic (semaglutida) y Mounjaro (tirzepatida). Esta negativa contrasta con la decisión histórica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que este lunes incluyó estos medicamentos en su lista modelo de tratamientos «esenciales» para tratar la obesidad.
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La OMS publicó su primera guía de uso para estos medicamentos, argumentando que generan una pérdida de peso «clínicamente significativa» y aportan «beneficios metabólicos amplios» a personas con sobrepeso u obesidad, reconociendo así la obesidad como una enfermedad crónica y grave.
Restricciones de financiación en España
En España, sin embargo, el acceso a estas terapias a través del Sistema Nacional de Salud (SNS) sigue estrictamente limitado:
- Ozempic (Semaglutida): Su financiación está restringida exclusivamente a su uso como monoterapia para la diabetes tipo 2. Su prescripción para adelgazar no está cubierta.
- Mounjaro (Tirzepatida): A pesar de su reciente aprobación, aún no forma parte de la prestación farmacéutica del SNS.
La negativa fue ratificada esta mañana a través de una resolución de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM).
El dilema del gasto presupuestario
La principal razón oficial esgrimida por el Ministerio para no financiar tratamientos como Wegovy (otra semaglutida orientada a la obesidad) es el elevado impacto presupuestario que supondría su generalización. La CIPM ampara su decisión en criterios de «racionalización del gasto farmacéutico público» y la necesidad de preservar la sostenibilidad del sistema sanitario.
Esta situación refleja una creciente tensión: mientras la comunidad internacional pide que estos fármacos sean tratamientos estándar, en España quedan fuera del alcance del ciudadano medio, lo que genera críticas en el ámbito sanitario por crear una inequidad territorial y social en el acceso a terapias para una enfermedad crónica.
