El Ministerio de Consumo, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha dado un paso decisivo para frenar las irregularidades en el mercado inmobiliario. Este viernes, 16 de enero de 2026, se ha confirmado la apertura de una investigación a gran escala dirigida a los portales inmobiliarios que publican anuncios de viviendas en zonas tensionadas sin cumplir con los nuevos requisitos de transparencia.
La ofensiva se produce tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, publicada en el BOE el pasado 27 de diciembre, que endurece las obligaciones de información en las ofertas de alquiler.
Las nuevas reglas del juego en los anuncios online
Hasta hace apenas unas semanas, la Ley de Vivienda obligaba a informar sobre el precio del contrato anterior antes de la firma. Sin embargo, con la nueva normativa, esta transparencia debe ser inmediata y figurar directamente en el anuncio de portales como Idealista, Fotocasa o similares:
• Para particulares: El anuncio debe indicar obligatoriamente cuál era el precio de la última renta del contrato anterior.
• Para grandes tenedores: Debe especificarse el índice de renta aplicable para justificar que el precio ofertado no supera el límite legal permitido en esa zona declarada como tensionada.
El Ministerio considera que omitir estos datos constituye una «práctica desleal por engañosa», ya que impide al inquilino saber si el precio que va a pagar es legal antes de contactar con el anunciante.
Sanciones drásticas para inmobiliarias y portales
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La Dirección General de Consumo ha advertido que el incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones económicas de gran calado, vinculadas a la gravedad de la infracción o al beneficio ilícito obtenido:
1. Infracciones graves: Multas de entre 10.000 y 100.000 euros, o hasta seis veces el beneficio obtenido.
2. Infracciones muy graves: Sanciones que oscilan entre los 100.000 y el millón de euros, o hasta ocho veces el beneficio ilícito.
Prórroga de alquileres en el horizonte
En paralelo a esta investigación, el Ministerio de Consumo ha puesto sobre la mesa la necesidad de prorrogar los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027. Esta medida busca aliviar la asfixia financiera de los inquilinos ante una oferta menguante y unos precios que, pese a la regulación, siguen mostrando una fuerte resistencia a la baja.
