La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, admite que casi un centenar de beneficiarios del programa han sido expulsados del país en el último año. El Ejecutivo justifica las medidas por «cargos criminales», mientras los demócratas denuncian detenciones injustas y falta de transparencia.
La administración de Donald Trump ha dado un paso más en su política de «tolerancia cero» al admitir oficialmente la deportación de decenas de inmigrantes amparados por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). La noticia, que afecta directamente al colectivo conocido como los «dreamers», ha sido confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una misiva enviada al Senado.
Cifras y justificaciones del Departamento de Seguridad Nacional
En la carta dirigida al senador demócrata Richard Durbin, Noem detalló que entre enero y noviembre de 2025 fueron detenidos 261 beneficiarios de DACA, de los cuales 86 ya han sido deportados. Según la versión oficial del Gobierno, la gran mayoría de los detenidos contaba con antecedentes penales, aunque la secretaria no especificó la gravedad ni la naturaleza de los cargos.
La justificación legal del Ejecutivo se apoya en una reciente decisión de un juez federal en Texas, que declaró el programa DACA como «ilegal» al ser una disposición administrativa y no una ley aprobada por el Congreso. Noem subrayó que el programa ofrece una «suspensión temporal», pero no otorga un derecho de permanencia indefinida en territorio estadounidense.
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Pulso político y denuncias de arbitrariedad
La respuesta de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes no se ha hecho esperar. Denuncian que muchos de estos arrestos se basan en acusaciones infundadas o cargos menores que suelen ser desestimados en los tribunales, pero que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utiliza para iniciar procesos de expulsión rápidos.
Por su parte, el senador Richard Durbin ha iniciado una investigación para esclarecer si se están produciendo deportaciones injustas que vulneren el espíritu del programa creado por Barack Obama en 2012, el cual busca proteger a jóvenes que llegaron a EE. UU. siendo niños y que han crecido e integrado plenamente en la sociedad estadounidense.
El retorno de un conflicto judicial histórico
Este movimiento supone un nuevo capítulo en la batalla personal de Trump contra DACA. Durante su primer mandato, el Tribunal Supremo frenó su intento de rescindir el programa por fallos en el procedimiento, pero ahora, con un marco judicial más favorable en las cortes federales y una retórica reforzada, la administración republicana parece decidida a desmantelar la protección de los «dreamers» caso por caso.
La incertidumbre crece ahora para los cientos de miles de beneficiarios restantes, quienes ven cómo el escudo legal que los protegía de la deportación se debilita bajo el nuevo criterio de seguridad nacional impuesto desde Washington.
