Investigadores de tres universidades han advertido sobre la preocupante presencia de metales pesados en el estuario del Guadalquivir, un ecosistema de gran importancia ambiental y económica.
Jesús Castillo, Catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, afirma que las autorizaciones para vertidos mineros carecen de una base científica sólida. Esto significa que se permiten sin un entendimiento claro de sus consecuencias en el ecosistema.
El estudio, llevado a cabo por un equipo compuesto por investigadores de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada, revela que metales como el cinc, el cadmio y el arsénico no se disuelven en el agua como afirman algunas minas. En cambio, se acumulan en los sedimentos y entran en la red trófica.
Entre los hallazgos más alarmantes, se destaca que cerca del 30% de las muestras de albures, un tipo de pez, presenta concentraciones de plomo que superan los límites establecidos por la Unión Europea.
Los mismos investigadores advierten que la Junta de Andalucía ha autorizado dos nuevos vertidos controlados. De llevarse a cabo, estos podrían multiplicar por diez la contaminación actual en el estuario, poniendo en riesgo la salud de los ecosistemas y la población vecina.
La Junta, por su parte, defiende que todas las autorizaciones de vertidos están respaldadas por informes que garantizan el cumplimiento de la legislación ambiental. A través de un comunicado, la Consejería de Industria, Energía y Minas aseguraron que existe vigilancia especial para proteger el medio ambiente.
En un esfuerzo por buscar soluciones, el alcalde de Chipiona ha anunciado que el ayuntamiento ha encargado un estudio independiente sobre metales pesados en sus costas. Este ha revelado resultados preocupantes, incluyendo un notable incremento de arsénico en los moluscos típicos de la zona.
El alcalde de Chipiona no está solo en su preocupación; otros líderes municipales de localidades cercanas al Guadalquivir, así como organizaciones ecologistas y la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, están uniendo fuerzas para pedir a la Junta una moratoria sobre las nuevas licencias mineras y la creación de un grupo de expertos que evalúe el estado del estuario.
Remedios Cabrera, investigadora en la Facultad de Ciencias del Mar de Cádiz, señala la importancia de preservar este ecosistema. Advierte que la contaminación podría extenderse hasta el Mediterráneo y el Mar de Alborán, agravando la situación.
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Las minas involucradas, como Mina Las Cruces y Mina Los Frailes, han negado las acusaciones de contaminación. Ambas se refieren a un estudio reciente de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, que concluye que su actividad no ha generado efectos adversos significativos en el estuario del Guadalquivir.
El dictamen destaca que los niveles de metales en el agua del estuario se han mantenido por debajo de los valores de referencia ambiental. Además, las minas argumentan que cumplen con todas las obligaciones normativas para proteger el medio ambiente.
La Junta reafirma su postura sobre las autorizaciones de vertido, subrayando que se garantiza el cumplimiento de los límites legales establecidos para cualquier actividad, ya sea agrícola, residencial o industrial. Aseguran que sin una autorización ambiental favorable, no se permite el desarrollo de proyectos mineros.
