El balance estadístico del último año revela un repunte en la letalidad de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, acumulando un total de 77 muertes en los últimos seis años.
MADRID – El Ministerio del Interior ha hecho públicos los datos oficiales sobre fallecimientos en el transcurso de actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) correspondientes al pasado año. Según el informe, 2025 cerró con 22 muertos en intervenciones policiales, lo que supone el registro más elevado en los últimos seis años y una tendencia al alza que ha despertado el interés de analistas y organizaciones de derechos humanos.
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Esta cifra eleva a 77 el número total de víctimas mortales registradas desde el año 2020, evidenciando un repunte significativo tras años de relativa estabilidad en las estadísticas de siniestralidad en operativos de seguridad.
Radiografía de las cifras
Los datos, desglosados en el balance de Interior, muestran una evolución irregular en el último sexenio:
| Año | Fallecidos en intervenciones policiales |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 15 |
| 2025 | 22 |
El aumento de 2025 representa un incremento de casi el 46% respecto al año anterior, consolidando una curva ascendente que el Ministerio atribuye a diversos factores, entre los que destacan la creciente complejidad de las intervenciones frente a perfiles criminales más violentos y situaciones de salud mental mal gestionadas en el momento de la detención.
Contexto de las intervenciones
Aunque el informe no detalla la casuística individual de cada fallecimiento por razones de confidencialidad y procesos judiciales en curso, Interior señala que la mayoría de estos sucesos se producen en tres escenarios principales:
- Enfrentamientos armados durante operativos contra el crimen organizado o terrorismo.
- Reducciones de personas en estado de agitación o bajo efectos de sustancias, donde se producen paradas cardiorrespiratorias.
- Intentos de fuga con desenlace fatal en persecuciones.
Reacciones y transparencia
La publicación de estos datos coincide con un debate abierto sobre la necesidad de implementar cámaras corporales (bodycams) de forma generalizada en todas las unidades de seguridad. Sindicatos policiales defienden que estas herramientas aportarían «seguridad jurídica» tanto a los agentes como a los ciudadanos, permitiendo fiscalizar con precisión si se respetaron los protocolos de proporcionalidad.
Por otro lado, diversas asociaciones han expresado su preocupación por el «uso de la fuerza letal» y reclaman que los protocolos de actuación, especialmente en casos que involucran crisis psiquiátricas, sean revisados para priorizar técnicas de desescalada no violentas.
Desde el Ministerio del Interior han subrayado que cada uno de estos 22 casos es objeto de una investigación interna de oficio y, en la práctica totalidad de las ocasiones, también de una instrucción judicial para determinar si la actuación policial se ajustó a derecho.
