La confusa implantación del dispositivo luminoso, obligatorio desde enero, levanta dudas entre los conductores sobre si es posible recuperar su inversión ante un hipotético cambio normativo.
MADRID – La baliza V16 conectada, llamada a ser el proyecto estrella de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de su director Pere Navarro al nivel del carné por puntos, se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza para el sector del motor. Tras meses de mensajes contradictorios, la rectificación que volvió a permitir el uso de los triángulos de emergencia y la reciente confirmación de que la Guardia Civil apenas está exigiendo el dispositivo en los controles, el descontento social es evidente. En este escenario de incertidumbre, muchos conductores se hacen la misma pregunta: si el Gobierno decidiera finalmente dar marcha atrás y anular la norma, ¿se podría reclamar el reembolso del dinero?
La respuesta jurídica y comercial no es alentadora para el ciudadano de a pie, aunque abre la puerta a un escenario de reclamaciones millonarias en el ámbito empresarial.
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Los conductores particulares: un comercio donde es «difícil imaginar» la devolución
Para el usuario común que acudió a una tienda o taller a adquirir la baliza (cuyo precio suele rondar los 30 o 40 euros), las posibilidades de recuperar el dinero de forma directa son prácticamente nulas.
- Comercio convencional: Legalmente, los establecimientos vendieron un producto homologado que cumplía con la normativa vigente en ese momento. Al no existir un defecto de fábrica ni un engaño por parte del vendedor, las tiendas no tienen ninguna obligación legal de aceptar devoluciones ni reembolsar el importe si la ley cambia a posteriori.
- La vía de la Administración: Para que el Estado indemnizara a los millones de conductores afectados, se tendría que demostrar una responsabilidad patrimonial de la Administración por un daño derivado de sus leyes, un proceso judicial extremadamente complejo, lento y con pocas garantías de éxito para un usuario particular por importes tan bajos.
Por lo tanto, el consejo de los expertos en este momento es claro: mejor no haber tirado los tradicionales triángulos de emergencia.
Las dos vías para que la norma decaiga
Para que la baliza V16 deje de ser obligatoria de manera definitiva, tendrían que darse uno de estos dos supuestos legales:
- Un Decreto Ley del propio Gobierno: Que el Ejecutivo central redactara y aprobara una nueva norma que eliminara explícitamente la obligatoriedad de la luz conectada, un paso equivalente al que se dio en su día para implantarla.
- Una resolución judicial: Que los tribunales tumbaran la normativa tras los recursos de colectivos afectados, obligando a su retirada del ordenamiento jurídico.
Las empresas fabricantes: el verdadero peligro de demandas millonarias
Donde sí se prevé una auténtica batalla legal en caso de una marcha atrás del Gobierno es en el tejido industrial. Los únicos que realmente están en posición de armar reclamaciones millonarias contra el Estado son los fabricantes y desarrolladores tecnológicos del dispositivo.
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Varias empresas españolas han invertido cientos de millones de euros en el diseño, producción, logística y certificación de estas balizas geolocalizadas bajo la promesa de un mercado cautivo de más de 30 millones de vehículos. Sin embargo, el frenazo en seco de las ventas (que se desplomaron tras la campaña navideña y los cambios de criterio de la DGT) ha provocado un colapso financiero en el sector, llevando ya a alguna de las marcas pioneras a una situación de preconcurso de acreedores.
Si el Ejecutivo decidiera derogar la obligatoriedad de la V16 tras haber forzado a la industria a realizar semejante despliegue de capital, estas compañías sí tendrían argumentos jurídicos de peso para exigir compensaciones masivas por los daños y perjuicios causados a sus negocios.
