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Un escrito de la fiscal adscrita a la causa considera que las declaraciones del ministro contra el guardia civil Juan Vicente Bonilla se realizaron en actos de partido, por lo que la causa debe ser tramitada en la jurisdicción ordinaria y no ante el Tribunal Supremo.
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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se enfrenta a un contratiempo judicial relevante a las puertas de la precampaña electoral. Según ha revelado la periodista Ketty Garat en el programa Horizonte, la Fiscalía adscrita al procedimiento iniciado tras la querella del guardia civil Juan Vicente Bonilla ha determinado en un escrito que el integrante del Gabinete «no puede ampararse en el aforamiento por la condición de su cargo», solicitando que la causa sea instruida por la justicia ordinaria y no por el Tribunal Supremo.
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El conflicto jurídico trae su causa en la difusión por parte del periódico digital El Plural de una serie de mensajes extraídos de una conversación mantenida durante una década entre Bonilla y José Luis Caramés, que sumaba un total de 6.318 comunicaciones. Según expuso la informadora, en la pieza publicada se omitieron tres frases clave del diálogo original, alterando el contexto en el que ambos interlocutores abordaban de forma hipotética la colocación de un artefacto explosivo tipo «bomba lapa». Esta edición parcial del texto derivó en acusaciones públicas hacia el agente del Instituto Armado por un supuesto intento de magnicidio.
Dos querellas en marcha y la postura del Ministerio Público
A raíz de la divulgación de dichas informaciones, Juan Vicente Bonilla interpuso dos acciones penales diferenciadas: la primera contra el medio digital El Plural por una presunta vulneración del derecho al honor, reclamando una indemnización de 390.000 euros; y la segunda contra el ministro Óscar López, a quien acusa de dar cobertura y amplificar las informaciones falsas a través de sus intervenciones públicas.
La clave del dictamen del Ministerio Público, según el documento leído en el espacio televisivo, radica en la delimitación de la responsabilidad institucional del querellado. La fiscal sostiene que las manifestaciones de López no se enmarcaron en el ejercicio estricto de sus atribuciones como titular de la cartera de Transformación Digital y Función Pública, sino en intervenciones de carácter orgánico dentro de actos de partido. Por ello, la representación del Ministerio Fiscal concluye que la competencia para investigar los hechos corresponde a los juzgados de instrucción ordinarios, decayendo el aforamiento que le protegería ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Críticas en el debate a las filtraciones a medios afines
La revelación del escrito fiscal generó un amplio debate técnico y político. Durante la mesa de análisis del programa, el periodista de investigación José María Olmo criticó de manera severa la estrategia de comunicación del Ejecutivo, señalando una pauta recurrente en la gestión de las crisis mediáticas y judiciales que afectan al gabinete de Pedro Sánchez.
«Cada vez que ha estado contra la pared, aparecen entidades o medios afines que difunden información falsa o manipulada», aseveró Olmo, vinculando la difusión del extracto manipulado sobre la supuesta «bomba lapa» con un intento de desviar la atención sobre otros frentes judiciales que acucian al Gobierno.
