El Partido Popular denuncia la grave situación tras una respuesta oficial del Ejecutivo Central, que admite que el 80% de las solicitudes pendientes ya han superado el plazo máximo legal.
Ceuta, 29 de junio de 2026 – La gestión de la discapacidad en Ceuta se encuentra en una situación de colapso crítico. El propio Gobierno de España ha reconocido oficialmente que 2.218 expedientes de valoración de discapacidad permanecen pendientes de resolución en la ciudad autónoma. Los datos, revelados tras una batería de preguntas parlamentarias formuladas por los senadores del Partido Popular (PP), Cristina Díaz Moreno y Abdelhakim Abdeselam, confirman que los ciudadanos se enfrentan a demoras de entre un año y medio y dos años para obtener su resolución.
Radiografía del atasco: los datos del retraso
La respuesta del Ejecutivo central deja al descubierto el incumplimiento sistemático de los plazos normativos en la ciudad, cuya competencia recae directamente en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO):
- Expedientes totales acumulados: 2.218 solicitudes en espera.
- Fuera del plazo legal: 1.751 expedientes llevan más de seis meses de espera, lo que incumple el Real Decreto 888/2022. Esto significa que casi 8 de cada 10 solicitudes se encuentran en situación ilegal de retraso.
- Tiempo medio de espera: El Gobierno admite que el proceso se demora actualmente entre 18 y 24 meses.
Además, desde el Partido Popular se ha criticado que el Ejecutivo ha evitado responder de forma completa a cuestiones clave, como el número exacto de menores afectados, cuántos ciudadanos llevan esperando más de un año y medio, o el impacto económico directo en la falta de acceso a prestaciones y ayudas esenciales.
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La senadora popular Cristina Díaz Moreno ha calificado la situación de «inaceptable» y ha recordado el impacto humano que hay detrás de las frías cifras institucionales:
«Detrás de cada expediente hay una persona y una familia que no puede acceder a prestaciones, apoyos o recursos esenciales porque la Administración no cumple los plazos que ella misma establece. Los ceutíes exigimos soluciones. El Gobierno reconoce que existe un colapso, pero es incapaz de decir cuándo dejará de existir. Esa es la diferencia entre anunciar y gestionar».
Asimismo, la senadora ha hecho hincapié en que, al ser una competencia gestionada de forma directa por el Gobierno de España a través del IMSERSO, «no se pueden trasladar responsabilidades a otras administraciones».
Promesas de reorganización sin fechas concretas
Para justificar el bloqueo, el Ejecutivo central se ha remitido a una lista de próximas actuaciones que incluye la futura convocatoria de una plaza médica, reorganizaciones internas de la plantilla, posibles contrataciones y planes de formación para el personal del Centro Base de Discapacidad.
Sin embargo, el documento oficial no fija ninguna fecha concreta para la eliminación de las listas de espera ni establece objetivos cuantitativos para normalizar el servicio. Según la oposición, este modus operandi de «anunciar actuaciones futuras mientras el sistema se debilita» ya se ha convertido en la seña de identidad del Gobierno socialista en Ceuta, repitiendo el patrón visto en sectores como la sanidad, la educación o las infraestructuras fronterizas.
Ante este escenario, el Partido Popular ha anunciado que continuará impulsando nuevas iniciativas parlamentarias para exigir el refuerzo inmediato de los equipos de valoración y garantizar que se cumpla la ley.
