Madrid — La cúpula de la Guardia Civil comparece ante la justicia. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, interroga este miércoles en calidad de investigados a la directora general del instituto armado, Mercedes González, y a su director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. Ambos están acusados de los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del denominado ‘caso Leire’.
La instrucción trata de esclarecer si desde la dirección del cuerpo se promovió de forma ilícita la apertura de expedientes disciplinarios internos para presionar y controlar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) encargados de las investigaciones judiciales que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez o a su entorno cercano.
El papel de la exmilitante socialista Leire Díez
La investigación sitúa en el centro de la trama las conexiones de la directora general con la exmilitante socialista Leire Díez. La instrucción tiene acreditadas diversas comunicaciones telefónicas entre ambas, así como al menos tres encuentros presenciales celebrados el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025.
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Aunque Mercedes González admitió la existencia de estas citas durante una comparecencia en el Senado el pasado 16 de junio, la directiva restó importancia a los encuentros asegurando que se limitaron a «tomar un café» para tratar asuntos de carácter banal.
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La tesis de la Fiscalía: Maniobras de control a la UCO
La versión de la dirección del cuerpo contrasta con las conclusiones del juez Pedraz y de la Fiscalía, que apoyan sus sospechas en los informes elaborados por la propia UCO. El Ministerio Público señala que se abrieron de forma anómala tres informaciones reservadas contra la unidad bajo el pretexto de investigar supuestas filtraciones a la prensa.
Todas estas investigaciones internas coincidieron en el tiempo con pesquisas judiciales que pivotaban «en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares».
Las sospechas de los investigadores se centran en varios hitos clave:
- Petición de listas de agentes: En el marco de uno de los expedientes internos, se exigió a la Jefatura de la UCO un listado detallado con los nombres de todos los agentes implicados en las causas de corrupción que afectaban al Ejecutivo, una diligencia de la que la Fiscalía destaca que no se llega a vislumbrar «la finalidad de la medida ni el uso que se pretendía dar a esa información».
- La filtración de los WhatsApps de Ábalos: La UCO sospecha que Mercedes González estuvo detrás de la orden de abrir un expediente el 12 de mayo de 2025 para averiguar si la unidad había filtrado al diario El Mundo una serie de mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno. Al día siguiente de esa publicación, constan mensajes borrados e intercambiados entre la directora y Leire Díez.
Las dudas sobre la cadena de información
La Fiscalía busca esclarecer en los interrogatorios si el DAO, Manuel Llamas, estaba al corriente de la relación de la directora con Leire Díez cuando este recibió varias notas informativas de la causa los días 29 de abril y 6 de mayo de 2025. Según el sumario, Llamas trasladó al general jefe de la Policía Judicial que González estaba plenamente informada del contenido de esos despachos.
Asimismo, al Ministerio Público le resulta especialmente llamativo que, en el transcurso de una reunión oficial celebrada con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general evitara en todo momento mencionar u ocultara que se había entrevistado en repetidas ocasiones con Leire Díez.
