Barcelona — El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha comparecido este jueves, 16 de julio de 2026, desde la sede de su partido para celebrar el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Con un mensaje de exigencia dirigido al Estado español, Junqueras ha reclamado la aplicación «sin más dilaciones» de la norma y ha sentenciado que, tras el veredicto de Luxemburgo, «ya no hay excusas» para mantener bloqueada la medida de gracia.
El dirigente republicano, que continúa inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el año 2031, ha urgido a los tribunales españoles (Audiencia Nacional, Tribunal de Cuentas y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) a «cerrar definitivamente esta carpeta» para permitir el retorno de los líderes independentistas en el extranjero. «Espero poder abrazar pronto al presidente Puigdemont y que todos los exiliados puedan regresar a casa», ha manifestado ante los medios.
Junts y los Comunes se suman al bloque de presión judicial
La resolución del TJUE ha provocado una cascada de reacciones en el bloque soberanista y de la izquierda catalana, que coinciden en señalar la responsabilidad directa que ahora recae sobre los tribunales españoles:
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- Junts per Catalunya: El secretario general de la formación, Jordi Turull, y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, han calificado la sentencia de «victoria rotunda» y han instado a los magistrados del Tribunal Supremo a aplicar la ley antes de las vacaciones estivales. Boye ha afirmado que el fallo «no deja margen» de interpretación y que «ya no hay debate desde el punto de vista jurídico».
- Comuns: La presidenta del grupo parlamentario en el Parlament, Jéssica Albiach, ha ido un paso más allá al describir el fallo europeo como «una bofetada en toda la cara al Tribunal Supremo», asegurando que el alto tribunal carece de argumentos para seguir dilatando los plazos.
Alivio y cautela entre los procesados de los CDR
Por su parte, los integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) encausados por terrorismo en la Audiencia Nacional han recibido la noticia con una mezcla de satisfacción y escepticismo. Sus defensas jurídicas, coordinadas por la organización Alerta Solidària, ya preparan escritos de impulso procesal para agilizar el archivo de sus causas penales.
«Estoy un poco aliviado, pero falta que la Audiencia Nacional haga lo que tiene que hacer y nos amnistíe. Hasta entonces, tenemos esta espinita», ha señalado a los medios Txevi Buïgas, uno de los doce procesados que afrontan penas de hasta 27 años de prisión y cuya causa permanecía suspendida a la espera del pronunciamiento de Luxemburgo.
