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Madrid — En un auto fechado el 15 de julio de 2026, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha respaldado la decisión de incorporar a la causa judicial la investigación sobre un pago de 200.000 euros recibido por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El dinero, proveniente del conglomerado peruano Grupo Gloria, habría sido abonado a cambio de que Zapatero intermediara ante el Gobierno de Bolivia para agilizar una indemnización pendiente.
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Rechazo a los argumentos de la defensa
La defensa del expresidente había solicitado formalmente que se excluyera esta línea de investigación. Sus abogados argumentaban que el Grupo Gloria y dicho pago quedaban fuera del «perímetro objetivo» inicial del caso, calificando las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como una indagación generalista, sin límites claros y carente de autorización judicial previa.
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Sin embargo, el juez Calama ha desestimado tajantemente esta pretensión. Según el magistrado, el hallazgo de las transferencias bancarias vinculadas a la instrumental Focus Social Research (perteneciente al holding peruano):
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«No es el resultado de una fiscalización indiscriminada de la vida de Zapatero, sino la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso».
El auto judicial defiende que la instrucción penal es un proceso vivo que, por su propia naturaleza, «permite que afloren hechos inicialmente no previstos pero dotados de verosimilitud delictiva». Por ello, el magistrado concluye que no se ha producido ninguna vulneración de derechos fundamentales, intromisión ilegítima en la intimidad ni «pesca de arrastre» sobre la trayectoria personal o profesional del exmandatario.
Un pago bajo la lupa judicial
Para la Audiencia Nacional, la transacción económica no puede despacharse simplemente como una actividad de asesoramiento privado convencional. El instructor insiste en que, debido a su cuantía, origen y contexto, el pago bajo sospecha resulta de extrema relevancia para esclarecer si existieron:
- Contraprestaciones ilícitas.
- Influencias indebidas frente a mandatarios extranjeros.
- Retornos económicos directamente conectados con la trama principal ya investigada.
El tribunal recalca que el hecho de que Zapatero imparta conferencias o realice consultorías habituales no lo exime de que ciertos cobros específicos puedan encubrir otra naturaleza jurídica y penal, lo que obliga a su fiscalización una vez detectados por la Policía Judicial.
La hipótesis de la UDEF: «Dinámica de intermediación»
El origen de esta ampliación del caso radica en un informe de la UDEF, que sostiene que el expresidente socialista se integró en una activa red de intermediación y lobby ante las autoridades de Bolivia entre los años 2024 y 2025. El objetivo de estas gestiones habría sido beneficiar los intereses económicos de la corporación Gloria, obteniendo a cambio la citada retribución de 200.000 euros.
La policía judicial va más allá en sus conclusiones provisionales y apunta en su informe a indicios que apuntalarían la existencia de una presunta organización criminal. Según los investigadores, esta red estaría liderada por el propio José Luis Rodríguez Zapatero, quien presuntamente habría aprovechado su «ascendencia pública internacional» y su agenda de contactos políticos para ejercer influencias de carácter ilícito en favor de terceros a cambio de elevados retornos económicos.
