La formación considera que existen «argumentos y pruebas suficientes» contra el hermano del presidente del Gobierno, quien ya fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Te interesa
Lee tambien: El consejero del PSOE en la Cámara de Cuentas cesado por asesorar a Begoña Gómez recurrirá su destitución al TSJA
MADRID.– Vox ha anunciado este lunes que interpondrá un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que absolvió a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, del delito de tráfico de influencias.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
El portavoz de la formación, José Antonio Fúster, ha adelantado que sus servicios jurídicos están convencidos de que existen indicios sólidos para lograr una condena por este delito, al sostener que David Sánchez participó en un proceso «destinado a simular su legalidad». «Es evidente que hay un tráfico de influencias», ha aseverado Fúster durante su comparecencia.
El portavoz ha querido contrastar la estrategia de su partido, basada en recurrir «con argumentos y con pruebas» en los tribunales, con la actitud de lo que ha denominado como «los gorilas del entorno de Sánchez», a quienes ha acusado de dedicarse a «insultar a los jueces».
Condenado por prevaricación, pero absuelto de influencias
El movimiento judicial de Vox llega una semana después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz notificara la sentencia del caso. El pasado martes 14 de julio, el tribunal condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, relacionado con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo en la corporación provincial.
Sin embargo, el tribunal pacense descartó en el mismo fallo la existencia de tráfico de influencias en los hechos relativos a su contratación por parte de la Diputación de Badajoz, un pronunciamiento que ahora la acusación popular busca revocar en una instancia superior.
