Las ayudas aprobadas para autónomos y empresas de Ceuta establecen cuantías según el tipo de beneficiario y no por el número de trabajadores, según denuncia la Confederación de Empresarios de Ceuta.
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Las ayudas económicas aprobadas para los negocios de Ceuta afectados por la situación económica derivada de la llegada masiva de inmigrantes han abierto un debate sobre el criterio utilizado para calcular las cuantías. La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) considera que el sistema no refleja el impacto real sufrido por cada empresa al no tener en cuenta factores como el número de empleados o los costes laborales.
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El real decreto aprobado por el Gobierno establece ayudas de hasta 5.000 euros para autónomos y de hasta 10.000 euros para determinadas sociedades. Según CECE, esta diferencia puede provocar que negocios con más trabajadores reciban una cantidad inferior a empresas con menos empleados.
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Desde la organización empresarial señalan que el criterio principal diferencia entre autónomos y sociedades, sin valorar otros elementos como la plantilla o la pérdida de facturación. La entidad pone como ejemplo el caso de un autónomo con seis trabajadores y sin facturación durante agosto, cuyos costes de personal podrían superar los 8.000 euros además de la Seguridad Social, pero que recibiría como máximo 5.000 euros.
CECE reclama que las ayudas tengan en cuenta el número de empleados, los costes laborales y la reducción de ingresos para adaptarse al impacto económico real de cada negocio.
Mientras continúa el debate sobre el diseño de estas ayudas, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, informó de que ya se han registrado 633 solicitudes de autónomos y empresas de Ceuta desde la apertura del plazo el pasado lunes 14 de septiembre.
El Gobierno prevé que la Agencia Tributaria pueda comenzar a realizar los primeros pagos a partir del 6 de octubre. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 30 de noviembre a través de la página web de la Agencia Tributaria.
Además, el decreto incluye bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 75%, una medida que, según explicó el ministro, también se aplica a determinados contratos anteriores al decreto ley de 2023 sobre incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social.
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