La Audiencia Nacional ha rechazado suspender de forma temporal el campamento de migrantes previsto en el Puerto de Ceuta, por lo que el Gobierno podrá continuar con la instalación de las carpas para alojar a unas 1.700 personas.
La Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para paralizar la instalación de un campamento de migrantes en el Puerto de Ceuta.
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La decisión permite al Gobierno continuar con el proyecto aprobado para utilizar dos parcelas portuarias donde se instalarán carpas destinadas al alojamiento de unas 1.700 personas.
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El SUP había recurrido la construcción del campamento al considerar que no existían informes técnicos que avalaran la idoneidad del emplazamiento. El sindicato había señalado posibles riesgos relacionados con la proximidad de depósitos de combustible, las operaciones marítimas y las condiciones de seguridad para trabajadores portuarios y migrantes.
La medida había sido acordada el 5 de septiembre y posteriormente quedó paralizada de forma temporal tras el recurso presentado ante el órgano judicial.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había defendido la seguridad de la instalación y aseguró que el Ejecutivo había trasladado al juzgado toda la información disponible sobre el dispositivo previsto en el puerto de Ceuta.
Mientras continúa la situación migratoria en la ciudad autónoma, el Ministerio de Sanidad mantiene activo un dispositivo especial de atención. Este jueves se realizaron 328 asistencias sanitarias y 28 inmigrantes permanecían ingresados en el Hospital Universitario de Ceuta.
En el ámbito político, Vox ha registrado una iniciativa en el Congreso para solicitar la presencia permanente de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las fronteras de Ceuta y Melilla.
La formación argumenta que ambas ciudades requieren una política de Estado para garantizar la protección de sus fronteras.
Además, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda que plantea establecer mecanismos para suspender fondos a países socios cuando no exista cooperación o cuando estén en riesgo los intereses de la Unión Europea o de sus Estados miembros.
