MADRID / CEUTA — El Ejecutivo confía en recuperar la normalidad en el litoral ceutí y poner fin al asentamiento precario en las playas de Benítez y El Trampolín después de que la Audiencia Nacional haya levantado la suspensión cautelar y avalado el uso del campamento provisional habilitado en el puerto de la ciudad autónoma.
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Un choque judicial que paralizó la logística
El operativo de realojo —diseñado para dar cabida a unos 1.700 a 1.800 migrantes que permanecían en la costa tras las masivas entradas irregulares registradas desde finales de julio— quedó congelado el pasado miércoles. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional había estimado inicialmente medidas cautelarísimas promovidas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que cuestionaba la tramitación de la cesión de terrenos por parte del Ministerio de Transportes en el Muelle de Poniente.
La parálisis temporal provocó un profundo malestar en el seno del Gobierno, donde se llegó a tildar la decisión judicial de «perpleja» al entender que frenaba una respuesta de emergencia «por razones estrictamente humanitarias y de orden público».
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Luz verde al dispositivo portuario
Tras la aportación de la documentación requerida al Ejecutivo, el tribunal revocó la suspensión cautelar, permitiendo la reactivación inmediata del plan de traslado. Fuentes gubernamentales han celebrado la rapidez con la que la Audiencia Nacional resolvió la controversia, reiterando que las parcelas portuarias (que suman unos 16.000 metros cuadrados) constituyen el espacio «más idóneo y con todas las garantías de seguridad» para centralizar la atención humanitaria.
Tensión en el arranque del despliegue
Con la luz verde de la justicia, el operativo policial y de protección civil ha comenzado a ejecutarse en las primeras horas de este viernes. La jornada se inició con momentos de tensión y estampidas cuando varios grupos de personas alojadas en las playas se desplazaron apresuradamente hacia el recinto del Muelle de Poniente.
Un amplio despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha acordonado las inmediaciones del litoral para organizar el traslado por grupos de manera escalonada, mientras el Ministerio del Interior reitera que se continuarán tramitando las peticiones de asilo de quienes tengan derecho a protección internacional y se gestionará el retorno de quienes no puedan permanecer legalmente en el país.
