Los efectivos del Ejército desplegados en la ciudad autónoma tienen limitadas sus competencias fuera de instalaciones militares y solo pueden intervenir en determinados supuestos
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La situación de los militares desplegados en Ceuta tras la crisis migratoria ha abierto un nuevo debate político y jurídico sobre sus competencias y la protección de los efectivos que participan en labores de vigilancia y apoyo en la ciudad autónoma.
Desde el despliegue iniciado tras los acontecimientos del 30 y 31 de julio, los miembros del Ejército permanecen en distintos puntos realizando tareas de presencia y vigilancia, aunque, por norma general, no cuentan con capacidad para detener a personas en la vía pública, una competencia reservada principalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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La cuestión ha vuelto al primer plano después de que dos militares tuvieran que ser trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid tras sufrir agresiones durante su servicio en Ceuta. Uno de ellos sufrió una lesión en la rodilla y otro tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de peroné.
Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) han reclamado mayor respaldo jurídico para los efectivos desplegados. Su presidente, Marco Antonio Gómez, ha denunciado que los militares se encuentran en una situación complicada cuando sufren ataques.
“Estamos desesperados. El problema está en que, cuando les agreden, quedan desamparados”, señaló, al tiempo que reclamó órdenes más claras y mayor protección para los militares que trabajan en la ciudad autónoma.
La figura del agente de autoridad, en el centro del debate
Uno de los puntos principales de la controversia es la petición de reconocer a los militares como agentes de la autoridad en determinadas situaciones, una medida que distintos partidos políticos han reclamado tras los últimos incidentes.
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Actualmente, los miembros de las Fuerzas Armadas no tienen las mismas atribuciones que la Policía Nacional o la Guardia Civil cuando desarrollan funciones en espacios civiles.
De forma general, los militares no pueden detener a un ciudadano tras un enfrentamiento o una agresión salvo que se produzcan circunstancias concretas, como la existencia de un delito flagrante y en ausencia de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La normativa contempla excepciones en determinados escenarios, como operaciones relacionadas con emergencias, atentados terroristas u otros actos violentos, así como actuaciones específicas de la policía militar dentro de sus competencias.
Críticas políticas tras las agresiones
Tras conocerse el traslado de los dos militares heridos, dirigentes del Partido Popular han reclamado al Gobierno medidas para reforzar la protección de los efectivos desplegados.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cuestionó qué más debe ocurrir para que el Ejecutivo adopte nuevas medidas y defendió que los militares deberían contar con mayores garantías jurídicas durante sus misiones.
También Vox ha planteado iniciativas para reclamar una mayor presencia y respaldo legal de las Fuerzas Armadas en las fronteras de Ceuta y Melilla.
El debate sobre las competencias militares
La situación en Ceuta ha puesto sobre la mesa el papel de las Fuerzas Armadas cuando participan en dispositivos de apoyo dentro del territorio nacional.
Mientras los militares desarrollan labores de vigilancia, prevención y apoyo operativo, la intervención directa ante delitos corresponde habitualmente a los cuerpos policiales, que cuentan con las competencias legales para identificar, detener e instruir actuaciones judiciales.
El debate continúa abierto entre quienes reclaman ampliar las capacidades de los militares en situaciones excepcionales y quienes defienden mantener la separación entre las funciones de defensa y las competencias de seguridad ciudadana.
