MADRID.— Un contundente dispositivo de la Policía Nacional, compuesto por una quincena de furgones y medio centenar de agentes antidisturbios, ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba ocho años luchando por permanecer en su vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro.
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El operativo judicial y policial se ha topado con la resistencia de unos 400 activistas y vecinos convocados por el Sindicato de Inquilinas —un centenar de los cuales pasó la noche acampado en el portal—. Tras varias horas de tensión, los agentes han roto el cordón exterior y han derribado la puerta del edificio pasadas las 11:30 horas, haciendo uso de gas pimienta para desalojar a las decenas de personas que se encontraban encadenadas y sentadas a lo largo de los seis tramos de escaleras del inmueble.
Claves de la intervención y conflicto patrimonial:
• Inmueble: Sexto piso en la C/ Alcalde Sainz de Baranda, 46 (Retiro, Madrid).
• Propietario: Empresa Urbagestión SL (rechazó ofertas de mediación y prórrogas).
• Situación legal: Contrato subrogado en dos ocasiones (padre y madre), extremo no permitido por la ley actual.
• Dispositivo: 15 furgones policiales, vía cortada al tráfico desde las 6:00 h y uso de maza y gas pimienta.
• Asistencia social: Samur Social dispondrá plazas de emergencia en residencias para la afectada.
La propiedad del inmueble, en manos de la firma Urbagestión SL, se ha negado de manera reiterada a aceptar las distintas vías de negociación planteadas. La empresa exigía una renta mensual de 1.650 euros, cifra inasumible para la anciana con su pensión de 1.350 euros. Según fuentes del Ministerio de Vivienda, la firma tampoco ha respondido a las ofertas para la adquisición pública del piso ni a la propuesta anónima de una escritora que se ofreció a costear un alquiler vitalicio para Maricarmen, quien residía en esa vivienda desde hace 71 años.
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La jornada ha contado con una destacada vertiente política tras la presencia en el lugar de representantes como la eurodiputada Irene Montero y parlamentarios de Sumar e Izquierda Unida. Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, han calificado la ejecución judicial de «profundamente injusta», cargando de forma paralela contra la política en materia de vivienda de la Comunidad de Madrid.
