El Gobierno español ha decidido llevar al Consejo de Ministros un nuevo decreto de vivienda, impulsado por el estallido social tras el desahucio de Maricarmen. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció que el decreto busca un cambio estructural en el sector, abordando no solo los desahucios sino también el acceso a la vivienda para las generaciones más jóvenes.
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El decreto, que se intentó aprobar en julio pero fue retrasado por falta de consenso, incluye medidas como la prórroga de contratos de alquiler hasta 2028, medidas antidesahucios y un mayor control sobre los pisos turísticos. La ministra Rodríguez confía en que la urgencia social facilite un acuerdo con partidos como PNV, Junts, ERC, Bildu, Podemos y Sumar, necesarios para la convalidación del decreto en el Congreso.
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Las negociaciones han sido complicadas, con puntos de fricción como las expropiaciones, subidas de IVA y beneficios fiscales para propietarios. Sumar, socio del Gobierno, ha instado a incluir la expropiación de la vivienda de Maricarmen, algo que el ministro Félix Bolaños ha rechazado. También se exige la congelación de alquileres y la regulación de usos especulativos de la vivienda.
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Junts propone incentivos fiscales para propietarios e inquilinos, mientras que Podemos exige la expropiación de 650,000 viviendas de fondos buitre y la reducción de precios de alquiler. El PNV pide reformar la ley del suelo y regular el alquiler de temporada, mientras que ERC aboga por limitar el alquiler de temporada y desahucios de personas vulnerables.
EH Bildu ha urgido al Gobierno a incluir medidas propuestas por los Sindicatos de Vivienda, como la protección frente a desahucios y la estabilidad de contratos. Por su parte, el PP critica el decreto por considerarlo intervencionista y recuerda su compromiso de construir un millón de viviendas en la próxima legislatura.
