Quince años después de las movilizaciones que transformaron el mapa político español, la Puerta del Sol ha vuelto a convertirse en el epicentro de la indignación social. Desde la tarde del sábado, decenas de miles de personas han tomado la plaza madrileña en una acampada que rememora la genética del 15-M pero que presenta profundas diferencias estructurales, políticas y metodológicas respecto al movimiento de 2011. Esta vez, el blanco directo de las protestas no es la clase política en general, sino el actual Gobierno de coalición progresista.
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La protesta surge impulsada por la crisis del acceso a la vivienda y sitúa en su centro neurálgico la aprobación del denominado ‘decreto Maricarmen’ —en homenaje a una anciana desahuciada recientemente—. A diferencia de la horizontalidad y los debates difusos del 15-M, la movilización actual cuenta con una dirección nítida encarnada por el Sindicato de Inquilinas, cuya carpa naranja abandera el espacio central de la acampada.
Un programa con cinco exigencias y fecha límite
El movimiento ha fijado un ultimátum temporal que vence este mismo martes, jornada en la que el Consejo de Ministros debe abordar sus medidas sobre vivienda. El pliego de condiciones presentado por los acampados incluye cinco puntos de calado estructural:
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- Medidas estructurales para la paralización efectiva de los desahucios.
- Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular el alquiler por habitaciones y de temporada.
- Congelación inmediata de los precios de los alquileres.
- Garantía de prórrogas efectivas en los contratos vigentes.
- Renovación automática e indefinida de los contratos de arrendamiento.
Desde la organización advierten de que, de no atenderse estas demandas, «la continuidad del Gobierno no tiene sentido», una consigna que presiona directamente a las fuerzas de la izquierda integradas en el Ejecutivo (como Sumar e Izquierda Unida) y complica los equilibrios parlamentarios con socios de investidura como Junts.
Presión directa sobre Moncloa y la izquierda del PSOE
A diferencia del rechazo frontal al bipartidismo registrado en 2011 («PSOE-PP, la misma mierda es»), la acampada del 26-S interpela de manera explícita a la coalición gubernamental. Bajo cánticos como * «¿Dónde está el Gobierno progresista?»*, la movilización aglutina a colectivos sociales, sindicatos de base (CNT, CGT), organizaciones ecologistas y corrientes de la izquierda radical como Anticapitalistas, Izquierda Revolucionaria o el Sindicato de Estudiantes, además de miles de ciudadanos a título individual.
El pulso registrado en Sol coloca al Ejecutivo ante una encrucijada crítica: ceder a la presión de la calle para reconectar con su base social o arriesgarse a una ruptura definitiva con los movimientos en defensa de la vivienda que impulsaron el ciclo político de la última década.
