La renuncia de Miguel Ángel Pérez Triano como delegado del Gobierno en Ceuta ha terminado de resquebrajar la contención que Moncloa intentó mantener durante dos meses, trasladando el foco de la crisis política y judicial directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según analiza Carmen Morodo en La Razón, la salida del delegado —producida tras la dimisión de su jefe de Gabinete y en vísperas de declaraciones clave en la Audiencia Nacional— desmonta la tesis del fallo local y deja al descubierto la cadena de mando en Madrid.
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La investigación judicial liderada por la jueza María Tardón no solo busca esclarecer el origen de la entrada masiva, sino reconstruir la respuesta de la Administración central: qué alertas se recibieron, quién las gestionó y por qué no se reforzó el dispositivo de seguridad.
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Claves del cerco judicial y operativo sobre Interior
- Avisos previos de Inteligencia: Documentos desclasificados confirman que el CNI alertó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno sobre una convocatoria masiva para cruzar la frontera por valla y mar. Mientras el delegado saliente redujo estas alertas a intercambios informales que dijo no conocer, su exjefe de Gabinete afirmó por escrito haberle informado directamente, señalando además la existencia de comunicaciones remitidas a los ministerios competentes.
- Dependencia funcional y competencias: Conforme a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, las competencias en materia de seguridad y el despliegue de refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil dependen funcionalmente del Ministerio del Interior, no de la gestión autonómica ni territorial.
- Requerimientos de la Audiencia Nacional: La magistrada ha reclamado a Interior, la Delegación, Policía, Guardia Civil y Defensa el registro completo de correos, órdenes de servicio y decisiones operativas adoptadas antes y después del 30 de julio. A ello se suma la actuación de la Fiscalía de Ceuta para esclarecer posibles omisiones en la prevención y auxilio.
La marcha de Pérez Triano compromete la posición de Marlaska ante la investigación penal, mientras Moncloa intenta evitar el cese del ministro para no admitir un fallo de carácter estructural en la gestión de la frontera.
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