La presidenta de la Comunidad de Madrid carga contra Interior por permitir las protestas por la vivienda y acusa al Ejecutivo central de usar la crisis para «desviar el foco» y desgastar a la administración regional.
La acampada en la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda ha desatado un durísimo choque institucional entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este lunes al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de «actuar de manera ilegal» al no disolver la concentración de tiendas de campaña instalada frente a la Real Casa de Correos desde la noche del pasado sábado.
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Durante la inauguración del Madrid Investing Forum, Ayuso expresó la tajante «oposición» de la administración autonómica a la protesta y denunció el abandono de funciones por parte del Ministerio del Interior. «Esto pasa cuando no hay Estado de derecho y rige la ley de la selva», sentenció la dirigente autonómica, quien afeó al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que haya delegado en la Policía Municipal la gestión de la acampada en lugar de intervenir con la Policía Nacional, a la que atribuye la competencia directa.
Críticas a la política de vivienda del Gobierno
En sus declaraciones, la presidenta madrileña enmarcó la tolerancia hacia estas «algaradas» en una estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para «desviar el foco» de otros frentes políticos y tratar de desgastar a las administraciones del Partido Popular en la región y la capital. «Este truco está muy visto», advirtió Ayuso, quien ironizó sobre el hecho de que «de manera súbita al Gobierno le ha empezado a interesar la vivienda» tras ocho años de mandato.
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Asimismo, Ayuso rechazó categóricamente los intentos de responsabilizar a la Comunidad de Madrid del desahucio de Maricarmen —la mujer de 87 años desalojada en el distrito de Retiro que detonó las movilizaciones—, argumentando que «aquí hacemos las cosas mejor» y recordando que «por cada lanzamiento en Madrid se producen cinco en Cataluña». A su juicio, la raíz del problema obedece a que el Ejecutivo central «no ha legislado con rigor» en el marco de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
El choque institucional se produce a escasas horas de que expire el plazo fijado por los colectivos acampados para que el Consejo de Ministros apruebe este martes un nuevo paquete de medidas sobre el alquiler.
