El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la negociación de un real decreto ley en materia de vivienda diseñado para contener la creciente presión en las calles y sortear su fragilidad en el Congreso. Según analiza Carmen Morodo en La Razón, Moncloa apura una estrategia que pretende ofrecer concesiones contrapuestas a sus socios de investidura —incentivos fiscales y garantías a los propietarios para Junts, junto a moratorias antidesahucios para Podemos— para evitar que ninguno de los dos bloques se atreva a votar en contra.
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La maniobra responde al temor del Ejecutivo de que la acampada en la Puerta del Sol y las protestas tras el desahucio de una ciudadana de 87 años en Madrid dejen de dirigirse contra las administraciones autonómicas y señalen directamente a la gestión estatal.
Un balance bajo presión y división en el bloque de investidura
La urgencia por aprobar la norma pone de relieve las tensiones políticas y los indicadores económicos que rodean el debate inmobiliario:
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- Tensión en la izquierda y socios de Gobierno: Moncloa busca neutralizar las amenazas de veto de Podemos y las reticencias de los cuatro ministros de Sumar, evitando una nueva derrota parlamentaria que evidencie la falta de mayoría.
- Demandas contrapuestas: Mientras Junts exige deducciones fiscales, ayudas a pequeños tenedores y protección frente a impagos, Podemos reclama la congelación de contratos, el fin de los desahucios y mayor intervención sobre las grandes propiedades.
- Indicadores del mercado: El debate se produce en un contexto de incremento de los precios del alquiler —con un repunte interanual del 12,2% en el segundo trimestre de 2026 según el INE— y un déficit estructural que el Banco de España sitúa en torno a las 750.000 viviendas.
Con este movimiento, el Ejecutivo persigue forzar una abstención o apoyo táctico de sus aliados parlamentarios para aprobar el texto, ganando margen político frente a las movilizaciones sociales sin necesidad de acometer una reforma integral del sector.
