El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha presentado un nuevo marco normativo destinado a endurecer los criterios de acreditación y funcionamiento del sistema universitario privado en España. La iniciativa busca contener la rápida expansión de instituciones privadas autorizadas en los últimos años y garantizar que cumplan con estándares estrictos en investigación, número de titulaciones oficiales, cuerpo docente y dotación de infraestructuras.
La regulación responde a la preocupación de las universidades públicas y los órganos de acreditación por la proliferación de campus privados orientados predominantemente a la oferta formativa online o con un reducido compromiso en proyectos de investigación.
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Claves del nuevo marco regulador universitario
- Mínimos docentes e investigadores: Se exigirá un porcentaje más elevado de profesorado doctor y con vinculación permanente, así como un volumen obligatorio de proyectos de I+D activos para mantener la autorización de funcionamiento.
- Oferta formativa equilibrada: Las entidades privadas deberán contar con una oferta diversificada que abarque diferentes ramas del conocimiento, impidiendo la apertura de centros centrados de forma exclusiva en los grados con mayor demanda comercial.
- Supervisión de infraestructuras y campus: La norma refuerza las exigencias respecto a las instalaciones físicas, laboratorios y recursos materiales destinados a la docencia presencial, limitando las licencias a proyectos que no acrediten un despliegue adecuado.
- Control de calidad y auditoría: El texto otorga mayor peso a los informes de las agencias de calidad autonómicas y de la ANECA, estableciendo revisiones periódicas que podrían derivar en la revocación de títulos oficiales en caso de incumplimiento.
Con esta reforma, el departamento que dirige Diana Morant pretende poner coto a la proliferación indiscriminada de centros privados y blindar la calidad académica y la investigación como pilares vertebradores del sistema universitario nacional.
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