El Ministerio de Sanidad prepara una modificación del marco legislativo para permitir que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) mediante la vía farmacológica pueda realizarse directamente en los centros de Atención Primaria. El departamento encabezado por Mónica García busca con esta medida descentralizar la prestación asistencial, garantizar el acceso a la prestación en el sistema público de salud e incrementar la cobertura asistencial en todas las comunidades autónomas.
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La iniciativa persigue reducir el porcentaje de intervenciones derivadas a la red privada concertada y ofrecer una respuesta uniforme que evite los desplazamientos de las pacientes en aquellos territorios con mayor número de facultativos objetares de conciencia.
Claves de la reforma en Atención Primaria
- Administración farmacológica en centros de salud: La norma habilitará al personal de los centros de salud para prescribir y supervisar el protocolo farmacológico en las primeras semanas de gestación, evitando la derivación obligatoria a entornos hospitalarios o clínicas privadas.
- Integración en la red pública de salud: El objetivo central del Ministerio es que la red asistencial pública asuma la mayoría de las interrupciones del embarazo, dando cumplimiento a lo establecido en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.
- Protocolos e itinerarios asistenciales: La medida requerirá coordinar con las comunidades autónomas los circuitos de atención, la capacitación del personal sanitario y el suministro de los fármacos necesarios para garantizar el seguimiento clínico adecuado.
- Garantía de equidad territorial: La modificación legal pretende corregir las acusadas disparidades regionales en la objeción de conciencia y asegurar que la prestación esté disponible en el nivel asistencial más cercano a la ciudadanía.
Con este cambio normativo, Sanidad pretende consolidar la prestación dentro de la cartera básica de la Atención Primaria y estrechar la supervisión de los circuitos autonómicos de salud pública.
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