El segundo Real Decreto-ley en materia de vivienda que el Gobierno publicará este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) obligará a los propietarios a indemnizar a los inquilinos con un mínimo de 12 mensualidades de renta si deciden no renovar el contrato de arrendamiento sin alegar una causa justificada. El texto legal, al que ha tenido acceso El País, modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para instaurar un régimen de renovación automática e indefinida de los contratos al vencimiento de los plazos legales (de cinco o siete años, según si el arrendador es persona física o jurídica).
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La publicación diferida de esta norma respecto al primer decreto responde a motivos estrictamente técnicos y jurídicos, ya que el segundo texto modifica preceptos introducidos por el primero y no podía entrar en vigor con anterioridad.
Mecanismo de indemnización y causas de exención
El nuevo marco regulatorio establece que la prórroga se aplicará por periodos sucesivos de la misma duración salvo que alguna de las partes manifieste su voluntad de no renovar. Para rescindir el contrato, el arrendador deberá notificarlo con al menos seis meses de antelación (frente a los dos meses requeridos al inquilino):
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- Cuantía de la compensación: Si el propietario opta por no renovar sin causa justificada, deberá abonar una indemnización equivalente a 12 mensualidades del precio de referencia de mercado para viviendas de características análogas. La cuantía no podrá ser inferior a una mensualidad por cada año que el inquilino haya habitado el inmueble.
- Excepciones para el propietario: El arrendador quedará exento de pagar la indemnización si justifica necesidades de vivienda para sí mismo o familiares de primer o segundo grado; si el inquilino no reside efectivamente en la vivienda más de seis meses al año; si dispone de otra residencia apta en el mismo municipio; si acredita situación de vulnerabilidad o si se formaliza un nuevo contrato regulado de cinco a siete años.
Negociación política y presión en la calle
El troceo de la regulación en dos Reales Decretos-ley fue la fórmula adoptada por el Gobierno de coalición tras intensas negociaciones internas aceleradas por el desahucio de una anciana de 87 años. La división de los textos busca equilibrar las demandas de Sumar y del Sindicato de Inquilinas —que exige contratos indefinidos y mantiene una acampada en la Puerta del Sol— con la búsqueda de apoyos de socios parlamentarios como PNV y Junts.
Ambas normas se someterán este viernes a votación por separado en el Congreso de los Diputados para su convalidación, en un pleno extraordinario donde el Ejecutivo confía en que la movilización social contribuya a recabar los apoyos necesarios.
