En un informe remitido al juez Santiago Pedraz, la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de cohecho y tráfico de influencias, al considerar que el partido puso su estructura a disposición de las maniobras atribuidas a Santos Cerdán.
MADRID — La Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso clave en el marco de la investigación judicial del denominado ‘caso cloacas del PSOE’, que se instruye en la Audiencia Nacional. En un informe remitido al magistrado Santiago Pedraz, el Ministerio Público concluye que el partido carecía de mecanismos de control interno sobre la gestión económica ejercida por su exsecretario de Organización, Santos Cerdán, lo que acerca la eventual imputación de la formación política como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción contempla esta medida tras requerir documentación a la sede central de Ferraz y analizar los dispositivos incautados tanto en dependencias del partido como en los domicilios de los principales investigados.
Sin supervisión en la gestión financiera de Cerdán
El informe de Anticorrupción se apoya en las declaraciones prestadas por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la gerente de la formación, Ana María Fuentes —también investigada en la causa—, para advertir de que la dirección del partido no ejercía vigilancia real sobre el manejo de fondos llevado a cabo por Cerdán.
Según expone el Ministerio Público, los hechos objeto de investigación habrían sido «promovidos desde la dirección de dicha formación política». El escrito sostiene que el ex alto cargo socialista puso recursos operativos y financieros de la estructura partidista al servicio de los encargos realizados a la intermediaria Leire Díez, contratada presuntamente para interferir en causas judiciales que afectaban al entorno del Ejecutivo central.
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Financiación encubierta y facturación sospechosa
Entre los indicios recopilados figura el pago periódico de 4.000 euros mensuales asignados a Leire Díez con cargo a las arcas del partido. Para canalizar estos desembolsos y evitar la trazabilidad directa de los fondos, la trama habría recurrido a una red de sociedades interrelacionadas y bufetes de abogados intermediarios.
La Fiscalía señala la actuación de la gerente de la formación por la emisión de órdenes de encargo y la elaboración de facturas presuntamente ficticias orientadas a dar apariencia de legalidad a las transferencias, así como la cobertura de gastos logísticos y viajes en favor de los implicados.
Pedraz condiciona la resolución al análisis documental
A pesar de los indicios descritos por Anticorrupción, el juez Santiago Pedraz ha calificado de «prematuro» acordar la imputación formal del PSOE en el estado actual de las actuaciones. El instructor ha supeditado la decisión al resultado final del peritaje sobre la documentación incautada y a la toma de declaración del propio Santos Cerdán para delimitar el alcance real de sus competencias y determinar si el partido obtuvo un beneficio directo de estas conductas.
