El Ministerio Público remite su escrito de conclusiones provisionales a la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que los hechos investigados carecen de entidad penal y pide extender el sobreseimiento a su asesora, Cristina Álvarez.
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MADRID — La Fiscalía ha solicitado formalmente a la Audiencia Provincial de Madrid la libre absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a los delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias por los que fue enviada a juicio por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado.
En su escrito de conclusiones provisionales, la representación del Ministerio Público sostiene la tesis mantenida desde el inicio de las diligencias previas, concluyendo categóricamente que «los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal» y que, en consecuencia, «sin delito no hay autor», según detalla la documentación remitida al órgano judicial. La petición de absolución se extiende de manera simultánea a la segunda encausada en el procedimiento, Cristina Álvarez, asesora adscrita a la Presidencia del Gobierno y procesada bajo la misma acusación de malversación.
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Una causa que encarará un jurado popular
La solicitud de la Fiscalía se produce semanas después de que el juez instructor decretara la apertura del juicio oral a las puertas de su jubilación profesional. El procedimiento, que arrancó en abril de 2024 a raíz de una querella interpuesta por el colectivo Manos Limpias, se ha centrado en el análisis de las actividades vinculadas a la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como en el desempeño laboral y el salario de su asesora personal con cargo a las arcas públicas.
A pesar de los reiterados recursos interpuestos por la defensa y por el propio Ministerio Fiscal cuestionando la solidez de los indicios reunidos durante la fase de instrucción, la causa se encamina hacia la celebración del juicio ante un tribunal del jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid, en una fecha que aún resta por ser fijada por la sección correspondiente del alto tribunal madrileño.
