Algunas de las restricciones que están intentando llevar a cabo las comunidades autónomas están siendo tumbadas por los juzgados, que no tienen más remedio que aplicar las normas constitucionales. Con la declaración del estado de alarma se dispondría de base legal suficiente para imponer restricciones que actualmente no se sostienen jurídicamente
Las cifras de la pandemia se han disparado durante las últimas semanas en todo el país y se teme que la llegada del otoño, con la vuelta a las aulas, los empleos a pleno rendimiento y el aumento de desplazamientos internos dentro del país, la situación se pueda complicar aún más. De hecho, las condiciones ambientales propiciarán, como cada año, repuntes en el número de personas que caigan enfermas por resfriados, gripes, neumonías, etc., que presentarán una sintomatología casi indistinguible con respecto a la muestran las personas contagiadas de COVID-19. Ante este escenario que se avecina, cabe preguntarse si el país necesita otro estado de alarma.
Actualmente son las comunidades y ciudades autónomas las que determinan las medidas restrictivas que imponen ante el repunte de contagios de coronavirus, sin embargo, estas medidas siempre están sujetas a revisión judicial y en algunos casos son rechazadas por carecer de justificación suficiente para ser implementadas, mientras que en otros se dejan sin efecto a los pocos días haber sido aprobadas. No es que los jueces y las juezas del país se hayan propuesto boicotear a los ayuntamientos, sino que se ven en la obligación de aplicar las normas constitcuionales. De hecho, la principal razón por la que en marzo se declaró el estado de alarma fue para que el Gobierno de la Nación pudiese imponer medidas restrictivas que vulneraban derechos individuales, como por ejemplo el de la libre circulación.
La Constitución es garantista en cuanto a derechos individuales se refiere y de ahí que actualmente los juzgados tumben medias impuestas por algunos autonomías como la prohibición de fumar en la calle o el cierre de los locales de ocio. Actualmente no existe una base legal suficiente para que estas medias puedan ser aplicadas. No sin la declaración de un estado de alarma en el que las decisiones volverían a estar centralizadas -con las concesiones que pueda y quiera hacer el Ejecutivo central-.
Son muchas las voces que señalan que ciertos sectores de la economía española, como el de la hostelero, no podrían sobreponerse a un nuevo confinamiento. Pero la declaración del estado de alarma no implica necesariamente la aplicación de esta medida, tan solo otorga base legal para poder llevarla a cabo. Dicho de otra forma, se podría declarar el estado de alarma sin que por ello tuviésemos que volver a encerrar a todas las personas del país. Y esto, precisamente, es lo que están reclamando algunos líderes autonómicos para poder aplicar medidas restrictivas para frenar la propagación de la pandemia sin temor a que un juzgado pueda anularlas a las primeras de cambio.
