La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos diligencias informativas relacionadas con el juez Juan Carlos Peinado ha provocado una fuerte división entre las asociaciones judiciales. Algunos colectivos consideran que la actuación puede invadir el terreno jurisdiccional y comprometer la independencia judicial, mientras otros defienden una mayor reacción ante resoluciones que consideran impropias.
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La controversia se produce después de que el CGPJ planteara promover un expediente disciplinario contra Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El origen de las diligencias se encuentra en unas afirmaciones incluidas por el magistrado en el auto de apertura de juicio oral. Peinado sostuvo que los agentes encargados de la escolta presidencial podrían facilitar una eventual fuga de Gómez, argumento utilizado para justificar la adopción de medidas cautelares.
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El promotor de la acción disciplinaria había solicitado inicialmente el archivo de las actuaciones. Los vocales conservadores también defendieron esa posición, pero la propuesta salió adelante con el respaldo de los miembros progresistas y el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.
La Asociación Francisco de Vitoria denuncia la división por bloques
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) considera que la falta de acuerdo refleja la persistencia de una política de bloques dentro del órgano de gobierno de los jueces.
La organización sostiene que decisiones de esta relevancia deberían aprobarse por unanimidad y vuelve a reclamar que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por los propios jueces.
Aunque evita pronunciarse sobre si Peinado debe ser sancionado, la asociación recuerda que el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos para revisar posibles excesos cometidos dentro de una resolución.
A su juicio, cualquier discrepancia con las decisiones del instructor debe resolverse mediante los recursos ante los tribunales competentes, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, y no mediante procedimientos disciplinarios ajenos a la vía jurisdiccional.
“Cuando dejan de revisarse por vía de los tribunales las decisiones judiciales y se revisan por otras vías, lo que está en juego no es un juez concreto, es la independencia judicial y con ella los derechos de todos los ciudadanos”, sostiene la asociación.
Los vocales conservadores defienden el archivo
Los vocales conservadores del CGPJ expresaron una posición similar en su voto particular. Consideraron que las manifestaciones analizadas no constituían una infracción disciplinaria y que formaban parte de la motivación jurídica utilizada por el magistrado.
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Según este sector del Consejo, cualquier desacuerdo con el razonamiento de Peinado debe canalizarse a través de los recursos judiciales previstos en la ley.
También advirtieron de que una intervención disciplinaria del CGPJ sobre el contenido de una resolución podría afectar a los principios constitucionales de independencia judicial y exclusividad de la función jurisdiccional.
Foro Judicial Independiente habla de intromisión
Foro Judicial Independiente (FJI) tampoco comparte las expresiones utilizadas por Peinado, pero cuestiona el procedimiento seguido por el Consejo para estudiar una posible sanción.
La asociación entiende que el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial invocado inicialmente se refiere a actuaciones realizadas por un juez fuera de sus resoluciones. Cuando las expresiones aparecen en un auto o una sentencia, sostiene, la iniciativa disciplinaria debería proceder del tribunal encargado de resolver el recurso.
FJI considera que el CGPJ se ha introducido en los razonamientos jurídicos del magistrado y que esa actuación puede comprometer su independencia.
También critica que el pleno fuera convocado de urgencia en domingo después de las declaraciones públicas de un miembro del Gobierno. A su juicio, esa secuencia proyecta una “imagen de sometimiento al poder político”.
Jueces para la Democracia critica la actuación de Peinado
La posición contraria la representa Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que interpreta la división del Consejo como una muestra de falta de sensibilidad ante actuaciones judiciales que califica de “extravagantes”.
La asociación considera que la actividad jurisdiccional debe estar marcada por el rigor, la legalidad y el respeto a las decisiones de los órganos superiores.
JJpD critica especialmente la actuación de Peinado en relación con las indicaciones de la Audiencia Provincial de Madrid y su negativa a entregar el pasaporte de Begoña Gómez a su representación procesal.
El caso vuelve a poner en primer plano el debate sobre los límites entre la potestad disciplinaria del CGPJ y la libertad de los jueces para fundamentar sus resoluciones. Mientras unas asociaciones advierten de una posible intromisión, otras consideran necesario actuar ante decisiones que puedan perjudicar la imagen de la Justicia.
