El futuro del conocido como “monumento a Franco” de Santa Cruz de Tenerife vuelve a enfrentar al Ayuntamiento y al Gobierno central. Mientras el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha propuesto estudiar su inclusión en el catálogo de elementos protegidos por sus supuestos valores artísticos y urbanos, el Ministerio de Memoria Democrática mantiene la orden para retirarlo del espacio público.
El conjunto escultórico, obra de Juan de Ávalos, lleva años generando un intenso debate político, jurídico y patrimonial. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considera que existen argumentos suficientes para analizar su conservación, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene que la apertura de ese procedimiento no frena el plazo concedido para eliminarlo.
El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha acordado valorar la incorporación de la escultura al catálogo municipal de protección. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha defendido que la decisión genera una “expectativa de protección” que debería impedir cualquier actuación hasta que concluya el expediente.
“Hay valores artísticos acreditados de forma suficiente para que se pueda mantener”, afirmó el regidor, quien entiende que la orden de retirada dictada por el Ministerio debería quedar en suspenso mientras se resuelve el procedimiento municipal.
La intención del Ayuntamiento es otorgar al conjunto un grado de protección integral por su monumentalidad, su aportación al entorno urbano y sus valores artísticos. El proceso administrativo podría prolongarse hasta el primer trimestre de 2027.
Bermúdez ha advertido de que, si el Gobierno central mantiene la retirada sin esperar a la resolución del expediente, el conflicto terminará en los tribunales. El Ayuntamiento ya ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Ministerio de Memoria Democrática.
El Gobierno niega que la protección paralice la retirada
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, rechaza la interpretación del Ayuntamiento. Según Torres, la propuesta municipal “no paraliza absolutamente nada” y no altera el plazo de seis meses concedido para retirar la escultura.
El ministro calificó la decisión como una nueva maniobra para retrasar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. “Estamos ante una vuelta de tuerca de un tornillo que ya no es capaz de sujetar nada”, manifestó.
Bermúdez, por su parte, reprochó a Torres que no impulsara ninguna actuación sobre el conjunto durante los cuatro años en los que fue presidente del Gobierno de Canarias.
El alcalde sostiene que la propia resolución ministerial reconoce que la negativa a declarar la escultura como Bien de Interés Cultural (BIC) no impide que pueda protegerse mediante otras figuras patrimoniales de ámbito municipal.
El Ayuntamiento plantea conservarlo con un nuevo significado
El Gobierno municipal defiende que la Ley de Memoria Democrática no obliga a retirar automáticamente todos los elementos relacionados con la dictadura. Según su interpretación, algunos pueden permanecer cuando tengan valores artísticos o patrimoniales, siempre que sean reinterpretados y contextualizados de acuerdo con los principios democráticos.
Bermúdez ha comparado esta posibilidad con el proceso aplicado en el antiguo Valle de los Caídos, actualmente denominado Valle de Cuelgamuros, donde el espacio se mantiene abierto bajo un nuevo marco legal y explicativo.
El alcalde también asegura que las administraciones presentes en el Consejo Municipal de Patrimonio, entre ellas el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna, se han mostrado favorables a estudiar la protección del conjunto.
La máxima categoría de protección, la declaración como Bien de Interés Cultural, fue rechazada anteriormente por el área de Patrimonio del Ejecutivo autonómico. No obstante, el Ayuntamiento considera que todavía puede incluirlo en su catálogo local.
La financiación popular, otro argumento de sus defensores
Quienes respaldan la conservación recuerdan que el monumento fue financiado parcialmente mediante una suscripción popular.
La información disponible indica que más de 80.000 personas realizaron aportaciones para levantarlo. Si se compara esa cifra con los 537.304 habitantes que tenía la provincia de Santa Cruz de Tenerife en julio de 1965, alrededor del 14,9 % de la población provincial habría contribuido económicamente, aproximadamente uno de cada siete habitantes.
Este dato es utilizado por los partidarios de la protección para defender su arraigo histórico, aunque no elimina el debate sobre su vinculación con la dictadura franquista y su permanencia en un espacio público.
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Las asociaciones mantienen posiciones enfrentadas
La Asociación San Miguel Arcángel, que promueve la declaración del conjunto como BIC, considera que el monumento posee valores históricos, artísticos y patrimoniales suficientes para conservarse.
La entidad sostiene que la obra no contiene elementos que vulneren directamente la Ley de Memoria Democrática y critica que el debate jurídico haya sido sustituido por una confrontación ideológica. También ha presentado un recurso de alzada y defiende que la escultura continúa protegida mientras no termine el procedimiento administrativo.
En el lado contrario, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha calificado de “escándalo” los intentos del Ayuntamiento por evitar la retirada.
Su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz, encarcelado y desaparecido tras el golpe de Estado, considera que la protección supone una falta de respeto hacia las familias de las víctimas de la dictadura.
La asociación acusa al Gobierno municipal, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, de buscar excusas para mantener el conjunto y de actuar condicionado por las posiciones de Vox.
El conflicto queda ahora pendiente de la resolución de los recursos y del procedimiento municipal de protección. Mientras el Ayuntamiento insiste en sus valores artísticos y patrimoniales, el Gobierno central mantiene que se trata de un vestigio franquista que debe desaparecer del espacio público.
