El 17 de mayo se celebra, con el respaldo de numerosas organizaciones internacionales, el Día Internacional contra la LGTBIfobia, fecha que coincide con la de la decisión tomada por la Organización Mundial de la Salud en 1990 de eliminar la homosexualidad del listado de trastornos mentales.
Con este motivo, a propuesta de la Ministra de Igualdad, el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Ministra de Justicia, el Ministro del Interior y el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:
» La sociedad española ha experimentado muchos avances en las últimas décadas en lo referente al respeto a la diversidad sexual, de género y familiar como uno de los valores positivos de una sociedad democrática. Con la aprobación del matrimonio igualitario el 30 de junio de 2005 y su entrada en vigor el 3 de julio de ese mismo año, nuestro país se convirtió en el tercer país del mundo en legalizarlo y en un referente en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI a nivel internacional. Desde entonces, ya son 14 las Comunidades Autónomas que han aprobado leyes protectoras de los derechos de las personas LGTBI y/o específicas de las personas trans. Sin embargo, diversas fuentes siguen alertando de los elevados índices de discriminación y de violencia que viven numerosas personas por el simple hecho de ser –o ser percibidas como- lesbianas, gais, bisexuales, trans o intersexuales. Según la macroencuesta realizada en 2019 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 48% de las personas LGTBI no se atreve a coger de la mano en público a su pareja, y un tercio no se atreve a ir a determinados lugares por miedo.
El Informe sobre delitos de odio, confeccionado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, y que anualmente presenta el Ministerio del Interior, alerta año tras año sobre el elevado índice de delitos de odio motivados por la orientación sexual y la identidad de género, reales o percibidas, de las víctimas, siendo este motivo, en la actualidad, el segundo más representado en las estadísticas de delitos de odio en nuestro país.
La crisis provocada por la guerra en Ucrania ha puesto sobre la mesa la urgencia de ofrecer protección y recursos a las personas LGTBI que llegan a nuestro país huyendo de los conflictos y que también, en ocasiones, huyen de sus países por su condición de LGTBI. Por ello, el Ministerio de Igualdad ha propuesto medidas urgentes para la atención, asistencia y protección a personas LGTBI en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Medidas que incluyen la formación especializada en diversidad sexual, de género y familiar del personal profesional que participe en la recepción y acogida de las personas ucranianas beneficiarias de protección temporal y la elaboración de material didáctico y de divulgación culturalmente adaptado para facilitar la información sobre derechos y recursos a las personas LGTBI refugiadas.
El Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Este compromiso se ha visto materializado durante esta legislatura con la elaboración y aprobación de normas que facilitan herramientas para su logro. Por su particular relevancia, cabe destacar la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley Orgánica
8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional; y el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de derechos de las personas LGTBI, que se encuentra en la fase final de su tramitación antes de ser remitida a las Cortes Generales. Con este texto, el Gobierno se alinea con los países que promueven la despatologización de las identidades trans, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, el Gobierno ha iniciado los trabajos para la elaboración de una Estrategia Estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y de una Estrategia Estatal para la inclusión social de las personas trans.
Este año, además, el Gobierno de España se compromete a la creación de un servicio de atención gratuita específicamente destinado a atender a las víctimas de delitos de odio o de discriminación por LGTBIfobia, así como para informar y atender cualquier necesidad de las personas LGTBI o allegadas. Un servicio que complementa la atención prestada por las Comunidades Autónomas y las entidades sociales y que comenzará a funcionar en breve.
El Gobierno de España parte del convencimiento de que los poderes públicos deben implementar políticas decididas que, desde el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, promuevan la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y la lucha contra toda forma de discriminación. Es necesario concienciar al conjunto de la ciudadanía y poner en valor la diversidad sexual, de género y familiar, desde el convencimiento de que las sociedades inclusivas, igualitarias, solidarias y tolerantes son también más fuertes, saludables y resilientes. Por ello, se ha puesto en marcha la primera campaña a nivel estatal que presenta la diversidad sexual y de género como un valor que nos enriquece como sociedad y como país.
Las medidas adoptadas por el Gobierno de España están alineadas con las prioridades establecidas a nivel europeo y permiten avanzar en línea con las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea en su primera «Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025». Esta agenda debe partir de un enfoque interseccional y transversal, que permita la inclusión de las políticas LGTBI en todos los ámbitos de la acción gubernamental, como la política de migración y asilo, sanitaria, educativa o laboral, entre otras; la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; el avance en la recogida de datos estadísticos; la adopción de protocolos y medidas para la prevención y abordaje frente al acoso por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales; la dotación económica de los planes de igualdad; o la intensificación de la lucha contra los delitos de odio, así como de la atención a las víctimas de los mismos. A este compromiso firme del Gobierno de España con los derechos de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales no es ajeno el enfoque internacional, con la conciencia de que los derechos de las personas LGTBI son vulnerados en la práctica totalidad de los países del mundo, en algunos de los cuales se mantienen legislaciones punitivas que implican, en algunas ocasiones, la pena de muerte. Por eso, entre las líneas prioritarias que rigen la cooperación internacional y nuestra política
exterior, se encuentra el apoyo a los derechos de las personas LGTBI.
El Gobierno de España, pues, muestra este año una vez más su firme compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, tanto a nivel nacional como internacional, y se compromete a adoptar las medidas necesarias para seguir avanzando en la erradicación de las discriminaciones, ataques y actos de violencia que a día de hoy siguen sufriendo las personas LGTBI.»
