Una nueva pieza del sumario sobre la llamada trama de las mascarillas sitúa al actual ministro de Política Territorial y ex presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, interviniendo personalmente para desbloquear pagos a la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado conversaciones entre Torres y el exasesor Koldo García en las que el primero muestra una ocupación directa de los cobros: “Estoy encima de tu pago”.
Según el informe que la UCO ha entregado al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, las gestiones habrían estado motivadas por la presión de intermediarios y por la necesidad de abonar facturas pendientes por contratos de material sanitario durante la pandemia. El documento recopila mensajes —entre ellos, los intercambiados entre Koldo García y Torres— que, siempre según la UCO, muestran intentos de acelerar el pago de sumas que en total ascienden a más de 7,5 millones de euros.
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El contenido de los mensajes hace además patente el enfado de Torres con funcionarios que demoraron o pusieron objeciones al trámite: en uno de los extractos figura la frase literal atribuida al entonces presidente regional —“Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos”—, pronunciada en el contexto de reclamar la solución de los pagos. La UCO considera estos y otros intercambios como indicios relevantes dentro de la investigación que ya ha procesado a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación y abono de contratos.
Fuentes judiciales confirman que el informe se encuentra en manos del juez instructor y que la Guardia Civil analiza la posible participación de una red de intermediación que facilitó adjudicaciones y el posterior cobro de contratos a empresas ligadas a Aldama. En distintos medios se relata cómo algunos funcionarios expresaron dudas sobre la legalidad y la calidad del material suministrado, lo que motivó revisiones y rectificaciones en las facturas.
Torres ha reaccionado públicamente reclamando la publicación íntegra del informe de la UCO y negando que exista actuación delictiva en sus comunicaciones: su entorno insiste en que los mensajes no acreditan delito alguno y reclama transparencia para “poner fin a esta infamia”. El ministro, que hoy ocupa cartera en el Gobierno central, ha pedido que el documento se haga público para poder defenderse.
El hallazgo de estas conversaciones supone un nuevo giro en una causa que ya investiga posibles delitos contra la administración pública y organización criminal derivados de las compras de material durante la crisis sanitaria. El juzgado decidirá ahora qué diligencias adicionales son necesarias para concretar si las actuaciones descritas en el informe de la UCO constituyen responsabilidades penales.
