La Comisión de Seguridad Social y Trabajo aprueba por unanimidad la moción que insta al gobierno a presentar una regulación laboral a las personas que trabajan para plataformas digitales
El senador por Ceuta, David Muñoz Arbona, defendió en dicha comisión una mayor participación de los diferentes agentes sociales, ampliando a asociaciones y fundaciones especializadas en dicho ámbito.
La sentencia 2924/2020, de 23 de septiembre del Tribunal Supremo del pasado año declaró la existencia de una relación laboral entre un repartidor “rider” y la empresa “Glovo”, plataforma digital a la que prestaba sus servicios. La Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, María Emilia Casas, manifiesta que en la actualidad está afectada por transformaciones socioeconómicas de envergaduras desconocidas, aceleradas y continuas que exigen una respuesta. Su adaptación, su futuro es tema capital para la vida y bienestar de las personas, la distribución de la riqueza, la inclusión social y la organización y cohesión de nuestras sociedades.
La nuevas realidades digitales, los fenómenos de descentralización productiva, de empresas multiservicios, así como los procesos de digitalización, están produciendo en el mundo empresarial y del trabajo importantes transformaciones que se deben abordar desde el ámbito normativo, más aun si cabe en los grandes cambios que ha producido el Covid – 19.
El pasado diciembre se presentó en la mesa del Senado dicha moción, a la que todos los partidos el día de ayer adhirieron y votaron que sí por unanimidad. El senador David Muñoz, portavoz de la enmienda popular a la moción socialista redundó en la ampliación del dialogo social en la búsqueda de soluciones, y la importancia de la participación Agentes sociales como: Confederación de Empresarios, Cámaras de Comercio Industria y Navegación, Sindicatos, Patronal, y otras fundaciones y organizaciones de la rama o ámbito en cuestión. Ya que este colectivo, que se autodenominan: “Ni autónomos, ni trabajadores” también refrendan dialogo entre los sindicatos y la patronal. David Muñoz se sumo a dicha propuesta pero con la toma en consideración del “papel importante de las asociaciones y fundaciones expertas como agentes que contribuyen al bienestar social”.
El Senador Muñoz recordó al portavoz socialista que el gobierno debía actualizar el Plan Director por un Trabajo Digno (Resolución del 27 de julio de 2018) para los años 2018- 2019 – 2020 ya que en la actualidad está desfasado. Dicho plan especifica en cuanto a sus medidas: Reforzar los medios humanos y materiales del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, establecer el modelo integral de Inspección de Trabajo y que por tanto abarca materias muy diversas como la Prevención de Riesgos Laborales, Relaciones Laborales, Seguridad Social, Empleo e Igualdad. Ampliando no solo los efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los responsables políticos, sino que también los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en la que incidió el senador ceutí.
Además de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), nombró “La Carta de Derechos Digitales” de 19 de diciembre de 2020, que aunque no fuera vinculante ,planteaba la necesidad de relaciones bilaterales desde las administraciones de las Comunidades y Ciudades Autónomas y la Administración General del Estado, y que fue sometida a consulta publica.
En la defensa de enmienda del GPP argumentó que bajo dicha base legislativa, se fundamentaba que “todas las personas poseen idénticos derechos en el entorno digital y en el analógico sin perjuicio de las limitaciones que de acuerdo con la Constitución y las leyes pudieran establecerse atendiendo a las peculiaridades de cada ámbito”, en este caso en el repartidores de plataformas digitales, y con las especificidades de los derechos en el entorno digital, garantías y promoviendo la igualdad en el ecosistema digital.
David Muñoz argumentó que “se debería buscar un equilibrio y consenso entre la defensa de la propiedad intelectual, en este caso industrial, de estas empresas, en cuanto son activos para éstas y el de los trabajadores, recogido en sus estatutos, para poder conocer como se toman las decisiones que les afectan, en este caso los algoritmos digitales” tal como fundamentas fuentes como el Congreso “Los actores de las políticas sociales en contextos de transformación”.
El Ministerio de Trabajo quiere obligar a las plataformas como Glovo y Deliveroo a abrir sus algoritmos a los sindicatos para defender a los “Riders” dando un máximo de tres meses a las plataformas como Glovo, Deliveroo, Stuart o Uber Eats, para convertir en asalariados a los repartidores.
El senador popular, ante la publicación del próximo el Real Decreto Ley para convertir en asalariados a los repartidores, en los que se pretende permitir a los representantes sindicales tener acceso a los algoritmos de las plataformas digitales de reparto, y que el gobierno tiene previsto darle salida cuánto antes, “independientemente de que logre o no el apoyo de los agentes sociales, con los que sigue negociando cuestiones técnicas” instó a “no dejar fuera los agentes sociales, sería un gran error, tanto por el beneficio de los trabajadores y de las empresas.”
El senador expuso que existe una relación unívoca entre la empresa – Plataforma Digital, App y el trabajador, debiendo haber una responsabilidad contractual como conjunto de consecuencias jurídicas que la ley le asigna a las obligaciones derivadas de un contrato. Los trabajadores tienen derecho a conocer los algoritmos, porque no saben como funcionan.
Por ello hay que abogar en que debe haber transparencia en dichos algoritmos, como sistemas de organización y control del trabajo, estudios de tiempos, abogando al diálogo y puesta en común. Como expuso David Muñoz “para el futuro Real Decreto Ley habría que integrar y contar con expertos y asociaciones/fundaciones de este ámbito, y encontrar puntos de encuentro entre profesionales del dato, tecnólogos y trabajadores, mediante una “Inteligencia Artificial Responsable”. En el que expuso ejemplos de diferentes países europeos como Malta, que por su régimen fiscal posee un sistema de certificaciones, sellos, sobre algoritmos (auditorias externas o internas, expertos…)
David Muñoz expuso la importancia de una “regulación seria y multilateral apoyando a los derechos de los trabajadores que están expuestos a grandes riesgos, como a las empresas de la restauración, hostelería y comercio”.
