La agrupación Reformista de Policías, ARP, se ha dirigido al Ministro del Interior, denunciando y solicitando el cese inmediato del Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, con ocasión de la presencia de un supuesto asesor, Julián Sánchez Pingarron, quien en fecha 02 junio de 2022, no tenía nombramiento oficial, como asesor de la Dirección General de la Policía.
Han tratado el conflicto colectivo, por la subida salarial, con la participación de persona, que pudo incurrir en intromisión y un uso indebido de cargo o función pública.
En el anunciado pleno extraordinario se provocó un cambio en su desarrollo, trasladándose a términos de una comisión de personal y proyectos normativos para evitar pronunciarse como estaba previsto y llegado el caso votar, un conflicto que como se sabe, conlleva manifestaciones, denuncias y reuniones tratadas en sedes de partidos políticos.
Una crispación laboral que no se ha sabido gestionar o solucionar por parte de los dirigentes de la administración y sindicatos. Desconocemos si alguna intervención del invitado, qué no asesor, ha influido y, por tanto, ha podido lesionar intereses profesionales del colectivo policial. En este caso también a ARP, cuando siguen obviando una propuesta conocida en el Ministerio del Interior, y resto de los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, firmantes del acuerdo salarial.
Los miembros del CPN afiliados a los denominados sindicatos representativos, deben saber que ARP tuvo que recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para conocer lo ocurrido en la referida reunión, tras la negación del acta por el Director General de la Policía, que presidió dicha convocatoria. Se nos facilitó recientemente, de forma extemporánea, sesgada-mutilada en un 90% un texto de un borrador, sin la firma del secretario del Consejo de Policía y de su Director General, que da prueba de la degradación sindical en el CPN. En el borrador, se oculta la intervención de todos los presentes, con la “excusa se debe evitar se propague al exterior” quienes y cómo intervinieron, sin otro resultado que seguir convocando a policías nacionales a más manifestaciones por otros motivos distintos a la subida salarial del partido popular, año 2018.
El Consejo de Policía, su presidencia (Ministro del Interior o cargo en quien delegue) lleva casi diez meses, sin reunirse y sin firmar el acta de forma oficial, temiéndonos que existe un “pacto de no agresión” en materia de revisar un acuerdo que viene siendo motivo de intereses espurios en periodo de elecciones.
ARP exige que esa acta de forma literal se nos facilite para proceder en consecuencia e informar de forma rigurosa de forma interna a nuestros afiliados como no podía ser de otra manera y al conjunto de los miembros del Cuerpo de Policia Nacional, “sin perjudicar a otros sectores “las verdaderas razones de no llegar a solucionar las divergencias del acuerdo.
La presencia de trece altos cargos de la Dirección General de la Policía, como parte de la administración policial, un político que alterna la vida empresarial y en ocasiones actividades en el Ministerio de Defensa, junto a tres secretarios generales y presidente, que no consejeros, de las organizaciones UFP, SUP, SPP, a esta altura del ejercicio político nos debe preocupar a todos los trabajadores-as del Cuerpo de Policía Nacional y a la sociedad plural que sigue con atención la manifestaciones promovidas por un sector radical Jupol- Jusapol. Este tándem, vienen demostrando una “manifiesta incompetencia sindical” en estos últimos cuatro años, teniendo que recurrir a formaciones políticas que como se ha demostrado, nos vienen perjudicando a los trabajadores-as, al entrar en una espiral de confrontación entre gobierno y oposición en año electoral.
El cese del Director General de la Policía, solicitado al Ministro del Interior, por si no se entiende en algún sector conservador de la Dirección General de la Policia, o desde algunos sindicatos que traten de cerrar fila en torno al Sr, Piqueras, se debe a que desde ARP, el único sindicato reformista/progresista pese a que no guste ésta denominación a una inmensa mayoría de la cúpula policial y, a elementos reaccionarios en la redes sociales que insultan, calumnian , por nuestra presencia y al trabajo sindical que desarrollamos, por consiguiente, es preciso se sepa: nuestra firme oposición al uso irregular de las instituciones dependientes de la Administración General del Estado sin la debidas garantías de control, rigor y transparencia, en evitación se den situaciones lesivas contra intereses generales a la sociedad civil y a sus trabajadores, como está produciéndose en el Cuerpo de Policía Nacional.
Nuestro recorrido sindical por una apuesta de futuro por conseguir derechos y libertades en un escenario distinto al obsoleto Consejo de Policía, implica se tengamos que practicar una actividad cargada de obstáculos, en nuestro deseo de sumar y agrupar a miles de compañeros-as con mayor implicación de la existente, que permitan cambiar el rumbo a organizaciones inmovilistas que no fiscalizan la gestión en el Ministerio del Interior, su Dirección General de la Policía, es necesario evitar sigan con afecciones o sumisiones sindicales a cargos políticos que vienen impidiendo otro sistema de representación sindical en el Cuerpo de Policía Nacional.
