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Alertados por el próxima vencimiento, en septiembre, de la concesión del servicio de Transporte Urbano de Viajeros el grupo Caballas planteó «la necesidad de municipalizar este servicio» que, a su juicio, «se presta con notables deficiencias, derivadas de su carácter privado”, lo que provoca que «los intereses de la ciudadanía queden siempre supeditados a la rentabilidad económica». Todo ello sin contar que «ya le está costando a la Ciudad 350.000 euros anuales».
Según el grupo el Gobierno se apresuró a decir que «estaba en contra de esta propuesta», suponen que «por razones estrictamente ideológicas, ya que no existe memoria alguna que soporte esta opción». Es más añaden, «cuando quedan sólo diez meses para tener operativa la hipotética de la nueva adjudicación no se ha hecho absolutamente nada», a pesar de que «se trata de una contratación muy compleja». «Probablemente termine», aventuran, «tras la contrastada ineptitud del Gobierno, en manos de Tragsa».
Pero la prueba más evidente del desacierto del Gobierno, opinan «está en los propios hechos, el Reglamento de autobuses es papel mojado». Añaden que «el Gobierno no tiene control alguno sobre el servicio, y las líneas se ponen, se quitan, se interrumpen o se suspenden al margen de un Gobierno incompetente». Es por ello, anuncian, que solicitaran al Gobierno que «explique por qué han renunciado a gestionar el servicio de autobuses, dejando en manos de la empresa la adopción de decisiones que corresponden exclusivamente a la administración titular del servicio público, en este caso, la Ciudad».
