Me dirijo a usted en mi condición de presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAMPA) de Ceuta para trasladarle la enorme preocupación que embarga a la comunidad educativa de esta ciudad por las condiciones en las que se presta el servicio de la denominada “Educación Especial” dependiente de su departamento.
Existe un acusado e indisimulable desfase entre las necesidades educativas de este segmento de la población escolar (alumnado con necesidades educativas específicas) y los recursos que el MEFP aplica para garantizar el principio de equidad, en cumplimiento de los dispuesto en la EDU 849/2010. Es una situación que se mantiene en el tiempo de manera inexplicable.
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Los recursos asignados a los centros son desde todo punto de vista insuficientes. Tanto de personal docente (estimado con parámetros de hace una década) como de personal laboral de “Actividades Específicas” (en el que el déficit es escandaloso). La precariedad es de tal magnitud que se puede afirmar con rotundidad que el propio MEFP está conculcando el derecho a la educación de este colectivo.
A pesar de las constantes reivindicaciones, denuncias, presiones, reuniones…. Su Ministerio ha sido incapaz de abordar con la seriedad, el rigor y la importancia que requiere un problema de esta importancia. Sólo hemos conseguido obtener buenas palabras (huecas) y la asignación de efectivos de los “Planes de Empleo” que, durante algunos tramos del curso hacen de “sustitutos” del personal cualificado que no existe. Así, un año tras otro.
La paciencia tiene un límite. Podemos entender las dificultades de la administración para atender con agilidad a una situación sobrevenida, podemos comprender los problemas presupuestarios (siempre presentes en todas las administraciones); pero no podemos entender, ni aceptar, una desidia culpable que se prolonga durante años lesionando los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad. Por ese motivo, una serie de asociaciones de padres y madres, sindicatos de profesores, asociaciones educativas y del ámbito social, decidimos unir nuestras fuerzas y emprender acciones para hacer llegar a su Ministerio la necesidad de acabar con esta injusticia.
Una de esas acciones es entrevistarnos directamente con usted. Nos cuesta trabajo entender que sea usted insensible ante esta situación, por eso pensamos que no conoce usted con exactitud lo que está sucediendo. Quizá los múltiples filtros que operan antes de su despacho, activados por cargos públicos o funcionarios de alto rango, más preocupados por salvar sus puestos que por los niños y niñas con necesidades educativas especiales, van reduciendo el conflicto a una simple y fría estadística, acompañada de la descripción de un complejo entramado de procedimientos administrativos que desembocan en un terrible “no se puede hacer nada”. Créanos señora ministra, no puede ser tan complicado contratar personas para atender adecuadamente un servicio público
esencial regulado por la ley. Pocas cosas más desgarradoras existen que ver desatendidos a niños o niñas afectados por trastornos severos. Seguro que usted, maestra de profesión, comparte este sentimiento.
Por todo lo expuesto, le solicito la celebración de una reunión con usted, a la que acudiríamos una Comisión representativa del conjunto de entidades que hemos impulsado esta movilización, con la intención de hacerle partícipe de nuestras inquietudes y encontrar soluciones a corto plazo para un problema tan acuciante.
