Al principal acusado, el exgerente de Emvicesa, Antonio López le pedirá veintiséis años de cárcel y una multa de casi seis millones de euros; a sus presuntos intermediarios penas de entre nueve y once años de cárcel; a los extrabajadores de la empresa municipal, entre trece y quince años; a los tres políticos que formaban parte de la Comisión de Vivienda, reclama en un caso hasta once años de cárcel y en los otros dos, cinco. Además, también pide tres años de prisión para las personas que pagasen una cantidad de dinero con la intención de conseguir la asignación de una VPO
Fiscalía solicitará la pena más alta para el que fuera viceconsejero de Vivienda del Gobierno de la Ciudad y gerente de Emvicesa, Antonio López, al que le reclama un total de veintiséis años de prisión. El Ministerio Fiscal acusa al exgerente de Emvicesa de delitos continuados de prevaricación, por el que le pide diez años de inhabilitación; falsedad de documento, por el que le solicita seis años de prisión; cohecho, seis años de prisión pide también en este caso; organización criminal, para este solicita la pena más alta, ocho años de prisión y blanqueo de capitales, para el que además de seis años de prisión, le reclama una multa de casi seis millones de euros.
Igualmente, el Ministerio Fiscal también considera oportuno el comiso de las cantidades presuntamente «abonadas al exgerente de Emvicesa «por los otros acusados para salir adjudicatarios» y «el comiso de los bienes adquiridos gracias a los ingresos procedentes de la actividad delictiva«. Esos bienes serían una «vivienda sita en la calle Cervantes nº 32, 2ºA de Cádiz; Fincas tipo dúplex en el Conjunto Camino del Pilar del partido de Guadalpín de 187,95 y 175,97 m2, así como la plaza de aparcamiento sito en el conjunto denominado “Camino del Pinar” de Guadalpín, propiedad del acusado; Vehículo PORSCHE BOXSTER con matrícula 8772HZR; Parcela nº 511 de 1044 m2 en el paseo de Dinamarca del Polígono Internacional City de la zona residencial Elviria, partido de Las Chapas, del término municipal de Marbella; Acciones y participaciones descritas en la conclusión primera que sigan en la cartera del acusado y, en su defecto, las que en su día fueran adquiridas en sustitución de las mismas; Cantidades aportadas al plan de pensiones anteriormente referido; Vivienda situada en Calle Isidro Martínez nº12 de Ceuta. En su defecto se interesa el embargo de los mismos para asegurar el pago de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito».
Por contra, la pena menor que solicitará Fiscalía también recaerá sobre otra persona vinculada a la política cuando se estalló el «Caso Emvicesa». Se trata del que fuera gerente del Partido Popular de Ceuta, José María González, al que el Ministerio Fiscal le solicita dos años de prisión por un presunto «delito de Tráfico de influencias«.
El siguiente acusado al que se le piden más años de cárcel se enfrenta a quince
Entre los extremos del acordeón de penas de cárcel que solicita la Fiscalía se encuentran el resto de acusados: cinco extrabajadores de la sociedad municipal Emvicesa, tres miembros de la Comisión de Vivienda, los presuntos intermediarios y las personas que supuestamente trataron de adquirir la adjudicación de una vivienda de protección oficial de forma fraudulenta a través del pago de una determinada cantidad de dinero.
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A cuatro de los cinco antiguos trabajadores de Emvicesa se les reclama a todos trece años de prisión y seis de inhabilitación, por presuntos delitos de cohecho (cuatro años), falsedad continuada (cuatro años) , organización criminal (cinco años) y prevaricación ( los seis años de inhabilitación). A la trabajadora restante, además de todos los delitos anteriores, Fiscalía también la acusa de un delito de tráfico de influencias que añadirían dos años más de petición de cárcel, elevando la petición de pena total de prisión a quince años.
A la consejera de Fomento del Gobierno de la Ciudad por aquella época, Susana Román, Fiscalía le acusa de haber cometido delitos de prevaricación, por el que solicita diez años de inhabilitación; falsedad documental y organización criminal, por los que pide seis y cinco años de prisión respectivamente (once en total).
A las personas que presuntamente actuaban como intermediarias para Antonio López, Fiscalía solicita penas de nueve años de prisión a cuatro de ellos por presuntos delitos de cohecho y organización criminal. Al restante se le añade otro supuesto delito de cohecho y se le solicitan en total once años de cárcel.
A la que fuera consejera de Asuntos Sociales, Rabeah Mohamed y al portavoz de Caballas, Mohamed Ali, el Ministerio les pide cinco años de prisión por un presunto delito de organización criminal y diez de inhabilitación por otro de prevaricación.
Por último, a todas las personas que supuestamente trataron de beneficiarse de este presunto entramado dedicado a la venta fraudulenta de adjudicaciones de viviendas de protección oficial abonando una cantidad de dinero, Fiscalía pide para todas ellas tres años de cárcel por un presunto delito de cohecho.
