La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributària de Catalunya (ATC) han formalizado este jueves un convenio que permitirá la gestión conjunta del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), conocido como impuesto de matriculación. Se trata del primer acuerdo de cogestión fiscal entre el Estado y la Generalitat, fruto de los pactos alcanzados en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales celebrada en febrero.
Según explicó la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, la ATC tendrá acceso a las aplicaciones y sistemas informáticos de la AEAT, así como a la información relativa al territorio catalán, con todas las garantías de protección de datos. El despliegue será progresivo, y la agencia catalana deberá aportar los recursos necesarios —materiales, tecnológicos y humanos— para operar con los sistemas estatales.
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Para coordinar la implementación se creará una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento integrada por representantes de ambas administraciones. Aunque la titularidad del impuesto seguirá siendo estatal, tanto el Govern como el Ministerio de Hacienda consideran esta experiencia como una “prueba piloto” que permitirá ajustar los procedimientos antes de avanzar hacia la gestión de otros tributos compartidos, especialmente el IRPF a partir de 2028, según el pacto de investidura entre el president Salvador Illa y ERC.
En 2024, el impuesto de matriculación generó 136 millones de euros en Catalunya, a partir de 169.583 matriculaciones. Aunque se trata de un tributo relativamente pequeño, desde la Generalitat se subraya su valor simbólico: por primera vez, la ATC accederá a la plataforma de la AEAT, un paso clave para “generar confianza” de cara a la futura gestión del IRPF.
Romero indicó que, a partir del próximo año, un grupo reducido de trabajadores de la ATC empezará a utilizar los sistemas estatales tras recibir la formación necesaria. Para reforzar la agencia catalana, se han creado 200 nuevas plazas. El objetivo a largo plazo es que la ATC pueda asumir tareas parciales del IRPF y avanzar hacia lo que la consellera denominó una auténtica “hacienda catalana”, siempre que se aprueben las reformas legales pertinentes.
Asimismo, la vicepresidenta María Jesús Montero se ha comprometido a presentar las bases del nuevo modelo de financiación entre enero y febrero, que permitirá a las comunidades recibir directamente la recaudación de los grandes impuestos compartidos con el Estado, como el IVA, el IRPF y los especiales.
