Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Ceuta, se quiere trasladar a la opinión pública nuestra posición acerca de la gestión de las consejerías de Educación y Cultura y de Sanidad, Consumo y Gobernación, en lo que respecta al proceso de vacunación del Conservatorio de Música y Escuela de Idiomas, ya que desde nuestro juicio consideramos que “desafina y se expresa en un permanente circunloquio anacrónico.”
Para nuestra organización, es un mal síntoma si la salud laboral y pública se alía con la superchería. Resulta que en esta Ciudad los trabajadores/as de colegios e institutos públicos o concertados (empresas privadas) se han vacunado, sin embargo, la excelente plantilla de profesorado, administración y servicios de las entidades municipales Conservatorio y Escuela de Idiomas, no se les vacuna, siendo estas últimas públicas, de la misma actividad y teniendo encomiendas con desempeños análogos a los sí vacunados.
¿Cuáles son los criterios que albergan estas decisiones y esta discriminación? La salud no la podemos abandonar a la suerte de las entelequias borrachas de poder, los estados de alarma pueden llegar a confundir.
No podemos entender que, dentro de la planificación y organización de la consejería, no se pueda tener en cuenta a éstos profesionales. Advertimos que vamos hacer hincapié en el cumplimiento de las Prevención de Riesgos Laborales y que, si desde la Ciudad se acoge como excusa el Plan Nacional de Vacunación, le volvemos advertir que está insinuando que, en Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla León, Asturias, y Melilla se han saltado el protocolo de vacunación Nacional, ya que, en estas comunidades, éste personal sí ha sido vacunado.
Por tanto, lo que pedimos, no es la inclusión de un grupo, si no el cumplimiento del protocolo de vacunación como lo han hecho todas las autonomías mencionadas.
Desde la FSC de CCOO en Ceuta se comunica a las Consejerías de Cultura y Sanidad, que se va actuar con rigor y denuedo para corregir esta situación de agravio, discriminación y dejación de la obligación de protección a los trabajadores.
