Ceuta ya ha recibido más de 300.000 euros para este proyecto, que contará con un presupuesto superior al millón de euros. Desde la Ciudad Autónoma no han querido ofrecer ninguna información sobre los avances del proyecto a nivel local, que es encomendado desde el Ministerio de Igualdad y ante el cual la directora general de Servicios Sociales e Igualdad, Malika Al- Lah Haddu, que no ha querido conceder una entrevista, se abstuvo
En España hay 350.000 mujeres al año que sufren violencia sexual. Esta es una estimación de uno de los últimos informes realizados sobre la materia a cargo del Ministerio del Interior, donde además se apunta que el 25% de las víctimas son menores de 16 años. En un intento de buscar soluciones a esta problemática el Ministerio de Igualdad va a repartir un total de e 66.000.000 euros para la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias españolas. De este presupuesto un total de 1.018.339,93 euros son para Ceuta, de los que ya ha recibido 305.501,98 euros en el año 2021 y tiene que recibir 712.837,95 en el año 2022.
Hace un mes, justamente el 8 de febrero, El Foro se puso en contacto con el gabinete de prensa de la Ciudad Autónoma para solicitar información sobre el centro de crisis y una entrevista con Malika Al- Lah, directora general de Servicios Sociales e Igualdad, con motivo del 8 de marzo. Tras numerosos intentos por diferentes vías para poder realizar la entrevista, no se nos ha facilitado ni la misma ni ningún tipo de información sobre el proyecto. La directora general de Igualdad de la Ciudad Autónoma, un cargo político que no reúne la condición de funcionario público (por lo que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 declaró nulo su nombramiento en noviembre del 2020), ha estado durante todo el mes “muy ocupada” para atender una entrevista por uno de los días más importantes de la agenda feminista, el Día Internacional de la Mujer.
La abstención, una “decisión política”
Han sido fuentes del Ministerio de Igualdad las que nos han facilitado los datos, gracias a los que hemos podido comprobar que en la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que se trató la creación de los centros de crisis, que data del 19 de abril de 2021, Al-Lah se abstuvo en las votaciones. Esta es “una decisión política”, según apuntan desde Igualdad, desde donde critican que demuestra la falta de interés en la atención a las víctimas de violencias machistas por parte de la Ciudad, supeditando su apoyo a la seña de identidad política que presente el proyecto.
Las características del centro de crisis
Entre los requisitos que se han impuesto desde el Ministerio de Igualdad a todas las autonomías para la creación de estos centros de crisis se establece que “ofrecerán acompañamiento e información telefónica, telemática y presencial, las 24 horas del día todos los días del año”.
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Además, deberán cumplir “con criterios de atención permanente y actuación urgente” y “facilitarán atención psicológica, jurídica y social para víctimas, familiares y personas del entorno, mediante personal suficiente y cualificado”. Para ello, todos deben contar con al menos 21 personas en su plantilla: 1 persona coordinadora del centro, 6 personas trabajadoras sociales, 6 personas psicólogas, 6 personas asesoras jurídicas, 2 personas auxiliares administrativas.
En cuanto a la dotación material, se tendrá que abrir un “inmueble que albergue el centro de crisis, incluido su mantenimiento y conservación, equipamiento (mobiliario) del inmueble, equipamiento telefónico e informático, gastos de suministros incluidas las líneas telefónicas, material de oficina y consumibles”. La entrada en funcionamiento del centro de crisis 24 horas tendrá que estar precedida de la aprobación de un protocolo de actuación y coordinación de las personas profesionales que integran el centro y de estas con los demás profesionales implicados (por ejemplo, personal sanitario).
La puesta en marcha de estos centros de crisis deberá llevarse a cabo durante el año 2023, debiendo estar en funcionamiento el servicio en todas las provincias y ciudades autónomas antes del año 2024.
