Javier Varga, Portavoz del Grupo político Ciudadanos en Ceuta ha presentado a la mesa rectora del Pleno de la Asamblea una propuesta relativa a las subvenciones nominativas directas que concede el Gobierno del Partido Popular a asociaciones, entidades y organizaciones diversas que señalan «suponen más del 95 por ciento del total de subvenciones que concede la Ciudad».
Y ello a pesar de que, denuncian «la concurrencia competitiva es el sistema de concesión que se establece como ordinario tanto en la Ley de subvenciones como en el Plan estratégico de subvenciones del propio Gobierno de la Ciudad».
Estas subvenciones nominativas que se adjudican de forma directa supone, indica Ciudadanos «el reparto a voluntad de este Gobierno de alrededor de 16 millones de euros. No hay criterios objetivos para hacerlo y, sin convocatoria de por medio, no generan derechos a las entidades subvencionadas. Prácticamente todas ellas dependen de que el Gobierno, sus organismos autónomos y las empresas municipales decidan seguir concediéndolas y quieran mantener las cantidades que suponen. Un sistema al que ustedes se niegan a renunciar y al que son renuentes a poner límites o condiciones».
Te interesa
Esta cantidad que se transfiere a todo tipo de entidades ha generado afirman «un significativo número de puestos de trabajo dentro de las propias entidades. Se cifra en alrededor de 600 los empleos que genera el dinero público transferido en forma de subvenciones: el doble de la plantilla de personal laboral que tiene el propio Ayuntamiento».
Acusan al Ejecutivo que una vez concedidas estas contrataciones, y figurando en los convenios que aprueba el Gobierno de la ciudad, «se llevan a cabo por las entidades subvencionadas sin mayor control. No hay criterios ni procedimientos establecidos para realizarlas ni garantías de que se sigan en estas entidades -por lo demás privadas- los criterios constitucionales de acceso al empleo público: publicidad, igualdad, mérito y capacidad».
Desde Ciudadanos, afirman, están tratando de, «al menos, introducir en el sistema algún tipo de criterio y, en este caso, el principio de transparencia que se persigue en todo lo relacionado con el dinero público que aportan, en definitiva, los ciudadanos». Entienden, además, que «no siempre es posible condicionar las contrataciones de estas entidades subvencionadas que, por lo demás, presentan gran diversidad en su estructura, funcionamiento y finalidades». Aunque al menos sí es factible introducir medidas que, además de transparencia, supongan un cierto nivel de control a lo que las entidades subvencionadas de forma directa por el Gobierno actual de la ciudad hacen en materia de contrataciones con el dinero público que se les transfiere».
