El presidente del Tribunal Constitucional matiza su postura de hace un año, cuando prometió apartarse por haber sido su superior orgánico, e indica que no tomará ninguna decisión hasta que los recursos completen su fase inicial.
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Madrid | El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha esquivado confirmar si finalmente se abstendrá de participar en la resolución de los recursos de amparo presentados por la Fiscalía y por el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra la condena de dos años de inhabilitación impuesta a este último por el Tribunal Supremo tras la revelación de datos confidenciales de Alberto González Amador.
Hace un año, el máximo responsable de la Corte de Garantías aseguró de forma tajante que se mantendría al margen del procedimiento argumentando que había sido superior jerárquico orgánico de García Ortiz durante siete años. Sin embargo, en un desayuno informativo en el Casino de Madrid, Conde-Pumpido evitó ratificar aquel compromiso y justificó la falta de posicionamiento en el estado procesal del caso: «No hemos empezado a estudiarlo (…). Ya lo haremos cuando proceda», alegando que los escritos están en fase inicial de tramitación en manos de los letrados del órgano.
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Un procedimiento paralizado a la espera del indulto
Los recursos, registrados en abril de 2026, permanecen en punto muerto en el Constitucional sin avances significativos. Fuentes jurídicas atribuyen este parón a la posible resolución que adopte el Ministerio de Justicia respecto a la solicitud de indulto para el exfiscal general antes de que el asunto entre en la fase decisiva de deliberación.
Cuando la tramitación avance, la decisión sobre la admisión a trámite recaerá inicialmente en la Sala Primera —de la que forma parte el propio Conde-Pumpido—, aunque no se descarta que se solicite avocar la causa al Pleno del tribunal para que sea evaluada por la totalidad de los magistrados.
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Ponencia bajo sospecha de imparcialidad
A la incógnita sobre el papel de Conde-Pumpido se suma la controversia por la designación de la magistrada ponente del recurso de la Fiscalía, la progresista María Luisa Segoviano. El encargo del borrador de resolución a Segoviano ha abierto la puerta a una eventual recusación por parte de la acusación debido a las muestras públicas de afecto y ánimo que la magistrada dedicó a García Ortiz el pasado diciembre durante un acto oficial en la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, la defensa de García Ortiz sostiene en su escrito que la condena del Tribunal Supremo vulneró gravemente sus derechos fundamentales tanto en la fase de instrucción como en la propia sentencia, en un proceso que Conde-Pumpido ha tildado de «muy complejo».
