Génova critica que la norma imponga severas restricciones a los propietarios privados mientras permite a organismos como la Sareb o Casa 47 seguir promoviendo desalojos.
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Madrid | El Partido Popular ha cargado con dureza contra la letra pequeña del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, sobre medidas urgentes en materia de vivienda, al denunciar la existencia de una exención que beneficia directamente a las entidades del sector público. Según remarcan desde la dirección de la formación popular, el texto normativo prohíbe y suspende los desahucios de vulnerables para los propietarios privados, pero excluye explícitamente de esa restricción a las empresas y organismos públicos dedicados a la gestión de vivienda social.
Desde Génova tildan esta diferenciación de «vergonzosa» y acusan al Gobierno de aplicar un evidente «doble rasero». De acuerdo con el análisis elaborado por la Vicesecretaría de Economía del PP, el artículo 2.1 del decreto establece que el régimen de protección frente a los desalojos no será aplicable a «entes públicos territoriales y aquellos otros organismos públicos y empresas o sociedades mercantiles pertenecientes al sector público».
Con esta redacción, entidades estatales como la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) o la empresa pública Casa 47 —adscrita al Ministerio de Vivienda— mantendrán la facultad legal de promover desahucios sobre su parque inmobiliario, una prerrogativa que la misma norma veta a los tenedores particulares. Fuentes populares comparan las deficiencias técnicas de este paquete legislativo con los fallos de la ley del ‘solo sí es sí’, augurando una inminente «ola de recursos» en los tribunales.
Críticas a la falta de oferta y propuesta alternativa del PP
Más allá de la controversia jurídica, el principal partido de la oposición reprocha al Ejecutivo que la normativa no contemple medidas efectivas para resolver el problema de fondo: la falta de oferta residencial. El PP recuerda que, según las proyecciones del Banco de España, el mercado requiere más de 750.000 viviendas adicionales para frenar la tensión de precios —cifra que rebasará el millón de unidades en 2028—, mientras que en 2025 tan solo se construyeron algo más de 90.000 inmuebles en todo el país.
Frente al modelo de contención de precios del Gobierno, la dirección del PP defiende una estrategia basada en la liberalización de suelo público, la reducción de trabas burocráticas, una nueva Ley del Suelo que incluya herramientas antiokupación y rebajas fiscales como la reducción del IVA de vivienda nueva del 10% al 4% para jóvenes, además de un compromiso electoral para promover la construcción de un millón de viviendas en la próxima legislatura.
