CSIF comparte la necesidad de reactivar la Administración de Justicia, pero considera que «no se puede volver a la normalidad sin que se garantice, de forma efectiva la protección a la salud del personal que se reincorpore»
CSIF vuelve a reclamar la realización de los test a todo el personal que se reincorpore a sus puestos de trabajo como ha anunciado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que se «deje de expresar su buena intención de suministrar EPIS a todos y que lo demuestre con hechos como ya han hecho algunas comunidades autónomas».
El sindicato recuerda que el Ministerio plantea una desescalada al margen del plan general del Gobierno y centrada, «únicamente, en la reactivación de los plazos procesales y no en criterios sanitarios y de salud pública» que son, a juicio de CSIF, los que «deberían regir la vuelta a la normalidad en una crisis de salud pública y en un estado de alarma por emergencia sanitaria».
En este sentido, el Ministro de Justicia anunció, a las Asociaciones Judiciales que los Jueces estarían trabajando a final de mes y que los plazos se iban a levantar antes de esa fecha «al margen de todo criterio sanitario y al margen de las fases establecidas en la desescalada general y en Función Pública», denuncia el sindicato.
Las medidas de seguridad laboral que se plantean junto con esta desescalada «no son suficientes para proteger la salud del personal de Justicia que se deba incorporar a su puesto de trabajo», considera el CSIF argumentando que no es así porque «no garantizan test fiables previos a la reincorporación que el CGPJ sí que prevé para jueces y magistrados, y que la comunidad autónoma de Andalucía, a requerimiento de CSIF, también va a hacer a sus funcionarios de Justicia».
El CSIF también denuncia que no se garantiza la «provisión efectiva de EPIS para todo el personas y que han brillado por su ausencia desde que comenzó la crisis». Añaden que «no bastan con meros anuncios ide que se van a repartir, lo que hace falta son hechos que refrenden ese compromiso». Finalmente, el sindicato recrimina que tampoco se asegura la posibilidad de que un funcionario «pueda cesar en su actividad en el caso de que no haya EPIs hasta que se le facilite».
CSIF recuerda que el 22 de abril remitió un escrito al Ministro de Justicia para que se iniciara un plan de realización de test fiables a través de la MUGEJU del que «todavía no tenemos respuesta».
Por su parte, tampoco están de acuerdo con la propuesta de desescalada del Ministerio de Justicia que «ha ido cambiando en los últimos días. Hemos pasado de cinco fases a cuatro y de unos porcentajes fijos a unas horquillas e incluso en los últimos días se incorporaban nuevas condiciones a las propuestas que han perjudicado la negociación. Hasta el miércoles a las 10 de la noche no tuvimos un primer documento completo para negociar».
El Ministerio «se ha equivocado»
CSIF asegura que ha hecho un «enorme esfuerzo» por acercar posturas con el Ministerio hasta el último momento para intentar buscar un acuerdo de «desescalada organizada y coherente con la prioridad de proteger la salud del personal que se incorpore a su puesto de trabajo».
Tras tres semanas desde la solicitud sindical de negociación y «sin respuesta por parte del Ministerio», en la reunión con el ministro del pasado 23 de abril se exigió a los sindicatos que firmaran un «cheque en blanco» sobre las medidas que iban en un Real Decreto Ley «cuyo borrador se negó a facilitarnos, ni siquiera ese mismo día ni dar plazo para que pudiéramos presentar unas mínimas alegaciones. Evidentemente, lo rechazamos».
Unas medidas que, para CSIF, «son más efectistas, especialmente con el polémico tema del mes de agosto que ha servido para aclarar que los Juzgados están abiertos los doce meses del año, que efectivas».
Para el sindicato, estas medidas «no sirven para atajar el previsible atasco judicial» provocado por el parón ocasionado por el coronavirus que ha puesto en «evidencia los denominados males de la Justicia tras años de instrumentalizarla políticamente y no resolver sus problemas reales».
Para CSIF hace falta «mayor transparencia en el diseño, implantación y seguimiento del plan de agilización que el ministro lleva anunciando desde hace semanas y que aún no ha sido trasladado a las organizaciones sindicales de Justicia cuando, sin duda, va a afectar a las condiciones laborales del personal al que representamos». De hecho, CSIF ya ha presentado al Ministerio medidas concretas «sin recibir respuesta alguna».
«No obstante, CSIF va a seguir siendo el sindicato que antepone el diálogo y la negociación en defensa, únicamente, de los derechos laborales de los empleados/as públicos/as de Justicia y con el objetivo de mejorar el servicio público de la Administración de Justicia». Añaden que «no va a ser el sindicato que vaya a comulgar con ruedas de molino porque así le interese al Gobierno de turno».
