La acusación popular insiste en la “responsabilidad compartida” de Gobierno de España y Ciudad Autónoma en la devolución de menores. La Red señala su “preocupación” por la negativa de la vicepresidenta a contestar a las preguntas de la acusación popular y por acusar a la Fiscalía de haberla “presionado” durante su testifical
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, acusación popular del proceso penal incoado por la Fiscalía a raíz de la deportación irregular de decenas de menores de origen migrante llevada a cabo a petición de la Ciudad Autónoma de Ceuta y ejecutada por el Gobierno de España, ha lamentado esta mañana que la vicepresidenta de la ciudad, Mabel Deu, única que ha comparecido en sede judicial, no haya querido responder a las preguntas de la Acusación. Deu, ha iniciado su testimonio ratificando su declaración ante Fiscalía pero acusándola de “acoso” explicitando “haberse sentido acosada” por el interrogatorio conducido por el Ministerio Fiscal en la fase pre-procesal.
La vicepresidenta, que acudió como testigo y que pasó a investigada a raíz del escrito de denuncia incoado por Fiscalía, ha reiterado en sede judicial sus declaraciones previas en las que apuntaba a la situación de desborde y emergencia para justificar el retorno, así como a la necesidad de tener en cuenta que “el mejor lugar donde puede estar el menor es con su familia” siendo una tónica en toda su declaración que dicha situación de “excepcionalidad” hacía necesario activar mecanismos que, bajo el criterio de la Ciudad Autónoma, respetaban el marco jurídico establecido.
La política ceutí ha apuntado en varias ocasiones, a preguntas de Fiscalía y resto de las partes, que se cumplieron los trámites y que le constaba que se habían dado todas las garantías al respecto, cargando duramente contra la titular de la jefatura de servicio de infancia de la ciudad autónoma sobre la que ha sembrado dudas acerca de su imparcialidad y formación así como capacidad para adoptar decisiones conforme a Derecho, extremo que ha sido compartido por la abogacía del estado, en su fase de preguntas donde ha abundado en la falta de formación jurídica de dicha funcionaria a la que contraponía el criterio del Secretario General de la Delegación del Gobierno así como del conjunto de los departamentos que, según sus palabras, intervinieron en esta crisis.
Deu del Olmo, ha puesto a disposición del tribunal las conversaciones y mensajes así como llamadas que mantuvo con el Gobierno de España señalando como su interlocutora para todo este procedimiento a la anterior Jefa de Gabinete de la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo que, según su testimonio, era su nexo con el resto del Gobierno de España, disminuyendo la participación de la Delegada a una ejecutora de las instrucciones de “Madrid” y amparándose en que la adopción de medidas se acometió con el conocimiento, aprobación y autorización de todo el Gobierno de España, al que ha implicado de lleno.
Desde la Red, que no ha podido intervenir en el interrogatorio, por la negativa de la investigada a responder a sus preguntas, se ha querido señalar reiteradamente como “no consta” en ningún momento la validación del personal funcionario de la ciudad autónoma en ningún informe, y como queda acreditado que jamás se reunió la comisión que, oficialmente, debe resolver en materia de infancia (y de la que forma parte la Fiscalía) así como que no obra en poder de la sala informe alguno sobre la vulnerabilidad de los menores o como se determinó, a pesar de que la Fiscalía lo solicitó en dos ocasiones por escrito siendo desoída esta petición por las autoridades de la Ciudad Autónoma hasta la fecha.
Desde la Red se recuerda que, lo que sí consta en el expediente son informes y memorias de las entidades gestoras así como de expertos de ONGs y el propio servicio de infancia de la ciudad advirtiendo de la vulneración de derechos al respecto de la falta de cumplimiento del interés superior del menor.
La Red, registrará en sede judicial una nueva batería de pruebas dirigidas a incorporar nuevos testigos procedentes de entidades sociales como Save the Children, Cruz Roja o Amnistía Internacional, así como solicitará, ya que ha sido ofrecido en sala por Deu, los mensajes de WhatsApp de la misma con el conjunto de cargos del gobierno y, adicionalmente, los que ya la delegada del Gobierno reconoció haber remitido (con listados de menores) a diversas autoridades y cargos del Ministerio del Interior y otros departamentos del Gobierno de España; se solicitará se aporte e incorpore al procedimiento copia de mails, llamadas y comunicaciones efectuadas entre la Delegación del Gobierno de España y el resto del ejecutivo central, y la vicepresidencia de la Ciudad, junto con un amplio número de documentos destinados a analizar la conformación, destino y seguimiento de las contrataciones de emergencia para adecuación de las naves y locales que fueron utilizados durante la crisis y el resto de procesos extraordinarios que impulsó la vicepresidenta durante su etapa al frente del área de infancia.
