La ley impulsada por Sumar supera la Cámara Baja con el voto a favor del bloque de la investidura y la abstención del PP, mientras los socios de Gobierno cargan contra el giro de Sánchez en el Sáhara.
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El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la proposición de ley orientada a otorgar la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración colonial antes de 1977, un texto que pasará ahora al Senado para completar su tramitación. La iniciativa, impulsada por Sumar, salió adelante con el voto favorable de los partidos del Gobierno y sus socios parlamentarios habituales, además de la abstención del Partido Popular, dejando a Vox como la única fuerza parlamentaria en oponerse de forma frontal a la medida.
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Pese al éxito parlamentario para la coalición gubernamental, el debate dejó en evidencia las profundas discrepancias que mantienen los aliados del Ejecutivo con la política exterior del presidente Pedro Sánchez sobre el Magreb. Formaciones como EH Bildu, ERC, PNV o Podemos afearon con dureza la postura de Moncloa ante Marruecos tras la crisis migratoria de Ceuta, criticando el viraje diplomático ejecutado en 2022 respecto al contencioso del Sáhara Occidental. Desde el Partido Popular, el diputado Pedro Muñoz justificó la abstención por diferencias técnicas en el procedimiento de concesión por carta de naturaleza, reprochando al Gobierno haber abandonado la histórica «neutralidad activa» mediante acuerdos unilaterales con Rabat.
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En el aspecto operativo, la norma permitirá acceder a la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977 previa acreditación documental, extendiendo la posibilidad a sus descendientes directos en un plazo máximo de cinco años. Asimismo, para el resto de la población saharaui se establece una reducción del plazo de residencia legal en España a solo dos años para solicitar la nacionalidad por la vía ordinaria. Promotores del texto estiman que alrededor de 100.000 personas —repartidas entre los territorios saharauis y los campamentos de refugiados en Argelia— podrían acogerse a este marco normativo.
La aprobación se produce en un contexto de elevada marejada diplomática marcado por el impacto de los acontecimientos fronterizos en la ciudad autónoma de Ceuta. Aunque la medida concede una vía de protección consular a la población saharaui frente a las autoridades marroquíes, observadores políticos apuntan a que la norma amortiguará tensiones al facilitar el desplazamiento legal de los solicitantes hacia territorio europeo, reconfigurando las relaciones jurídicas en la región a la espera de la ratificación final de la ley en la Cámara Alta.
